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La creación del Ministerio de Infraestructura parece estar en camino, al menos en el ámbito normativo, y, como bien indicaba en una reciente entrevista el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, es probable que su diseño institucional termine siendo una suerte de Frankenstein, dado que no queda claro cómo se llevará a cabo el proceso de fusión de unidades ejecutoras de inversión en obra pública y de los programas, proyectos o fondos que se adscriban a la nueva entidad.
Y aunque la motivación de su creación responde básicamente al imperativo de la eficiencia sustentada en la experiencia comparada de éxito de otros países, la mayor complejidad que debe enfrentar esta iniciativa radica en su diseño orgánico que debería considerar adecuados candados institucionales para evitar la tentación de la corrupción, dado el importante presupuesto público que manejará –aproximadamente S/17.202 millones, de acuerdo con datos publicados por El Comercio–.
La aparición del nuevo ministerio pone en la mesa el asunto de cómo hacer más adecuado el despliegue de la obra pública y plantea qué debe pasar con el hasta hoy enorme Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Pues si casi el 35% de lo que implica el presupuesto del nuevo ministerio proviene de la cuota del MTC, en concreto de su Viceministerio de Transportes, quiere decir que este ministerio deberá dedicarse a otras labores que ya no sean el despliegue de las grandes vías, carreteras, puertos, entre otros; sino, tal vez, a dar seguimiento a la gestión de concesiones vigentes que aún caigan en su responsabilidad o, en su defecto, seguir gestionando algunos recursos públicos importantes como los que maneja Serpost.
Como sea, ese MTC tan enfocado en el concreto, el cemento y el fierro hace mucho tiempo que ha dejado de ser una institución capaz de colaborar con el despliegue del principal andamiaje de lo que consumimos en este siglo: la digitalización. Y ya que se ha realizado un ‘benchmark’ que respalde la presencia del Ministerio de Infraestructura, valdría también revisar cuál es la tendencia en el mundo respecto de cómo es que los estados promueven el mayor acceso a la digitalización y sus beneficios. Así, por ejemplo, ya no existen en el mundo ministerios o agencias de comunicaciones y, más bien, han surgido con mayor presencia agencias y ministerios de digitalización o transformación digital.
Entonces, valdría la pena preguntarse ahora que el gobierno de Dina Boluarte anuncia que se vienen más fusiones de ministerios si no será momento de darle luz a un necesario ministerio de la digitalización. Este debate ya se dio en su momento en países tan distantes como Noruega y Dinamarca, en los que, además, la digitalización es observada como un sector que debe propender a la productividad y a la mejora de la relación entre la ciudadanía y el Estado. Así el sector digital siempre está aparejado con otro que se pretende potenciar: la innovación, la función pública, la productividad.
Pero más cercano a nuestra realidad es el caso de España, cuyo gobierno creó en el 2023 el Ministerio de la Transformación Digital a partir de la fusión de todas las agencias, oficinas y empresas destinadas en ese país al desarrollo del sector de las antaño muy populares tecnologías de la información y comunicaciones (TIC).
Pero ¿por qué empezar a hablar de digitalización en lugar de comunicaciones, TIC o infraestructura de comunicaciones? Tal vez la mejor manera de explicar esa tendencia provenga de la motivación que dio origen al ministerio de la digitalización español: verificar que todos los hechos sociales y económicos del siglo XXI se estructuran en un amplio componente a través de la digitalización, mediante servicios públicos y privados, activos digitales y habilidades ad hoc.
¿Por qué no empezar el debate en torno de la conveniencia de crear un ministerio de la digitalización en el Perú? Por lo pronto, esta esquina está abierta a ponderar sus beneficios. Que empiece la charla y bienvenidos.