:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/122d2690-0a70-4d79-baf3-9ad1fef5c61a.png "Fernando Cáceres Freyre")
Cuentan que Alberto Fujimori decidió arbitrariamente que el aporte de 9% a Essalud se partiera en 2,25% para atenciones más simples y 6,75% para atenciones más complejas. Para el primer segmento, Essalud competiría con las EPS privadas, mientras que en el segundo tendría el monopolio; uno que ningún gobierno ha querido cambiar desde 1997 por razones políticas.
Además, Essalud, por más que le llamemos seguro social, no es un verdadero seguro. Un seguro supone la realización de un pago, que da derecho al asegurado a atenderse en una serie de entidades que puede elegir. En este caso, no hay red: Essalud es la única opción que tiene el asegurado para atenderse. En otras palabras, en el Perú, al menos en el caso del 6,75% de capa compleja, quienes aportan a Essalud ven atado el servicio de aseguramiento con la prestación. No son libres de elegir dónde atenderse.
Esto no es así en otras partes del mundo. En Francia, el trabajador que paga mes a mes su ‘Essalud’ es dueño de su póliza, como ocurre con cualquier seguro. Esto implica que la entidad pública administra ese dinero, pero la prestación es libre de realizarse en entidades públicas o privadas.
De hecho, los pacientes de 16 años a más tienen derecho a escoger qué médico los va a tratar, si uno de un hospital público o clínica privada; con la salvedad de que, si es privado, deberá pagar anticipadamente todos los gastos, los que serán reembolsados posteriormente (Comisión Europea, 2012).
En el Perú no solo hay un monopolio a nivel de aseguramiento de capa compleja, sino que hay un monopolio en cuanto a la prestación del servicio mismo hacia el asegurado. Y, como todo monopolio, no tiene incentivos para comportarse correctamente. Total, si adquiere una mala reputación, nadie le va a poder quitar su porción de mercado.
Desde el 2019, se han sumado 480 proveedores, varias pequeñas empresas, a las que Essalud no les ha pagado por un total de S/675 millones (”Perú 21″, 2024). La mayoría viene de la época de la pandemia, en la que se construyeron hospitales y brindaron diversos servicios como transporte de personal, recolección de residuos sólidos, incluso poniendo en riesgo sus vidas y que hasta ahora no son pagadas, a partir de un mecanismo de contratación directa autorizado por la emergencia sanitaria.
He conversado con algunas de estas empresas, quienes me cuentan que en los procesos de conciliación los pasean. Les ofrecen muy poco, no les dan la conformidad pese a tener orden de compra o contrato, les objetan que no hay orden de compra o contrato, a pesar de haber hospitales en marcha, etc. Todo parece predispuesto para dilatar los pagos, mientras las empresas se encuentran quebradas y el dinero no circula en la economía.
La semana pasada apareció una noticia en “Diario Uno”, según la que, en Cutervo, Cajamarca, los ronderos van a tomar el hospital si Essalud no cumple con pagar sus deudas (ya han tomado antes otros hospitales). Lo que habría ocurrido es que, a pesar de existir un hospital en funcionamiento, Essalud no ha pagado al proveedor, que a su vez no ha podido pagar a los ronderos. ¿Tenemos que llegar a un extremo de violencia social para que Essalud cumpla?
Si Essalud fuera privada, habría adquirido tan mala reputación que nadie haría negocios con ella. Pero, como se trata de un monopolio legal, sobrevive.
A ver si aprendemos que este tipo de monopolios legales perjudican a la sociedad; separemos de una vez el aseguramiento de la prestación del servicio y abramos la competencia a la totalidad del 9% que se aporta.
