Tiranos en pugna

El sábado 3 de enero del 2026 será recordado como el cierre de uno de los ciclos más oscuros de la historia reciente de América Latina: Nicolás Maduro fue capturado por el Gobierno Estadounidense y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y crimen organizado. Pero su captura causa una reacción inevitablemente ambivalente. Hay felicidad y sensación de justicia al constatar que un tirano que devastó su país, saqueó el Estado y empujó a millones al exilio finalmente dejó el poder. Pero junto a ese alivio emerge una nueva inquietud, que no puede ni debe ser soslayada: no podemos normalizar que un Estado irrumpa en otro para arrestar a su presidente, aun cuando este ocupe el cargo de forma ilegítima. El problema no es Maduro. El problema es el precedente que instaura Donald Trump, más interesado en controlar el petróleo venezolano que en apoyar la recuperación democrática del país latinoamericano.

Dicho esto, objetar el método no implica minimizar el daño causado por el gobierno cleptocrático de Maduro. El régimen que hoy se desmorona comenzó con Hugo Chávez, elegido en 1998, y desde entonces el país transitó de una corrupción administrativa extendida a lo que Naciones Unidas denomina “gran corrupción”: aquella que penetra las más altas esferas del poder, captura el Estado, distorsiona sus funciones centrales y afecta directamente derechos como la vida y la salud, mientras que quienes se encuentran en la cúspide del régimen se enriquecen a niveles inverosímiles.

Venezuela, que durante buena parte del siglo XX fue uno de los países más prósperos y modernos de Latinoamérica, vivió un desmantelamiento institucional profundo, unido a patrones sistemáticos de represión y violaciones de derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. El miedo también fue usado como herramienta de control político, porque la gran corrupción necesita silencio institucional para sobrevivir.

Las cifras que describen ese deterioro son elocuentes. Casi ocho millones de venezolanos –la cuarta parte de su población– han sido forzados a migrar, la mayoría en condiciones precarias; constituye uno de los mayores desplazamientos humanos del mundo contemporáneo. La pobreza alcanza al 90% de los ciudadanos, y alrededor del 50% vive en pobreza extrema.

Además, informes recientes de agencias humanitarias señalan que alrededor de 18,8 millones de personas no tienen acceso efectivo a servicios de salud, incluyendo 10,4 millones que padecen enfermedades crónicas sin tratamiento adecuado. Hospitales operan sin insumos básicos; los pacientes deben llevar desde guantes hasta medicamentos; cirugías se suspenden por falta de electricidad, agua o personal. La fuga masiva de médicos y enfermeras ha vaciado aún más un sistema ya debilitado. En un contexto donde el salario mínimo equivale apenas a unos tres dólares mensuales, la salud hace rato dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio.

El panorama sanitario se agrava por la crisis alimentaria: el 61% de la población come solamente dos veces al día, mientras que la pérdida de peso promedio per cápita desde que se agravó la crisis es de 11 kilogramos. Los niños presentan altas tasas de desnutrición crónica, retardo en el crecimiento y daños irreversibles por falta de atención médica oportuna y adecuada alimentación.

La lección que deja Venezuela trasciende sus fronteras. Una de ellas es que los sistemas de salud no colapsan de un día para otro. Se erosionan cuando se normaliza la improvisación, cuando se desprecia la evidencia, cuando la planificación de largo plazo se sacrifica por la conveniencia política. La salud pública es un proceso acumulativo: se construye –o se destruye– con políticas sostenidas. En Venezuela, esas políticas fueron demolidas deliberadamente.

Y aquí la advertencia es inevitable. En el Perú, donde también discutimos prioridades fiscales, reformas sanitarias y capacidad estatal, convendría mirar el caso venezolano no como una anomalía lejana, sino como una señal de alarma. Porque cuando la corrupción se convierte en sistema, el hospital deja de curar y pasa a certificar el fracaso moral del Estado.