No más universidades de papel

El Congreso aprobó el miércoles 17 la creación de 22 universidades nacionales en 15 regiones. El titular luce seductor en vísperas del período preelectoral, pero detrás hay una decisión irresponsable y populista que ignora lo esencial: crear una universidad no es cortar una cinta, sino sostener, año tras año, calidad académica, planta docente, laboratorios, bibliotecas, investigación y bienestar estudiantil. Cuando se legisla para la tribuna, sin sustento técnico ni agenda de implementación con metas y plazos verificables, el aplauso de hoy se convierte en la deuda de mañana.

El Perú ya tiene un sistema que merece cuidado y mejora: 100 universidades licenciadas por Sunedu, una comunidad de alrededor de 1,4 millones de estudiantes y más de 61.000 docentes. Bajar la vara, duplicar carreras sin pertinencia o dispersar recursos es traicionar ese esfuerzo colectivo. La educación superior no es un trofeo regional ni una foto de campaña: es un pacto con la dignidad de los jóvenes y con el futuro de nuestras comunidades.

También es una cuestión de responsabilidad pública. Abrir una universidad básica (tres carreras, sin laboratorios) demanda alrededor de 105 millones de soles, de los cuales cerca del 90% corresponde a infraestructura. Multipliquemos por 22 y recordemos que ese es solo el punto de partida. Después vienen los costos recurrentes: mantenimiento, equipamiento especializado, actualización tecnológica, apoyo socioemocional, investigación aplicada, prácticas y clínicas. Entre 2022 y 2024, el presupuesto para universidades públicas creció 47%; pulverizarlo en proyectos sin escala y sin calidad no es justicia educativa: es malgastar recursos que deberían elevar aprendizajes y oportunidades reales.

La regulación tampoco es opcional. El licenciamiento de universidades nuevas fija condiciones básicas de calidad y plazos claros (90 días hábiles para la fase instructiva y 30 para la resolutiva). Sin licencia, no debe admitirse a un solo estudiante. Relativizar esa valla o presionarla políticamente sería otro acto populista que daña al país y convierte a la juventud en blanco de expectativas engañosas. La ética pública empieza por cumplir las reglas que protegen a quienes tienen menos poder para reclamar.

No se trata de abrir por abrir. La avalancha de iniciativas, casi doscientos proyectos en los últimos años, revela improvisación. Replicar carreras sin demanda, pelear por sedes para la foto o prometer laboratorios sin presupuesto perpetúa instituciones débiles, con baja investigación y mínima inserción laboral. Eso vulnera valores ciudadanos básicos: verdad, integridad, responsabilidad, transparencia y justicia.

¿Qué hacer? Propongo tres medidas y un compromiso ciudadano: 1) Licenciamiento previo y por etapas: sin matrícula hasta cumplir CBC comprobables; auditorías académicas y de gestión. 2) Financiamiento responsable: cada nueva universidad debe nacer con un plan multianual que detalle costos por estudiante, metas de retención, empleabilidad e investigación, y servicios de bienestar que sostengan trayectorias. 3) Pertinencia y eficiencia: fortalecer universidades existentes y, cuando corresponda, crear filiales de instituciones públicas licenciadas donde ya exista experiencia, base académica e infraestructura; alinear la oferta con la vocación productiva y cultural del territorio. 4) Compromiso ético y de ciudadanía: publicar semestralmente indicadores de aprendizaje, investigación, prácticas, empleabilidad y uso de recursos; declarar y gestionar conflictos de interés; sancionar el clientelismo que captura instituciones y degrada la vida universitaria.

La educación superior es derecho y deber: derecho de los estudiantes a aprender con estándares y deber del Estado de no jugar con su futuro. Si el Congreso quiere dejar huella, que abandone el populismo, respete la técnica y ponga por delante la verdad y el bien común. Acceso sí, pero con calidad, evidencia y sostenibilidad. Lo contrario es irresponsable: cambiar votos por ilusiones y condenar a miles de jóvenes a cargar con promesas que nunca debieron firmarse.