No todo es un secreto de Estado

Justo cuando mi columna anterior hablaba del silencio reinante en las cumbres de los poderes públicos, algunos dignatarios salieron a decir: “Esta voz es mía”, y hasta a polemizar, como lo han hecho el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Pareciera que, ante la presión ciudadana y de la prensa, ministros, legisladores, funcionarios y magistrados del más alto nivel han caído por fin en cuenta de que no pueden seguir siendo parte del sistemático ocultamiento de información a la ciudadanía sobre cómo se manejan los asuntos de gobierno y Estado.

El esfuerzo de todos ellos por romper su anormal silencio y pasar a explicar lo que pasa es el comienzo de lo que tienen que hacer también con las fuentes de datos de los sectores a su cargo: tenerlas al día y disponibles a la prensa y a la ciudadanía en general, por una sencilla razón legal y constitucional de transparencia.

El problema es más grave cuando los titulares de los poderes públicos, obligados a transparentar sus planes, acciones y decisiones, terminan derivando ese rol a voceros inexpertos e improvisados, o a operadores de filtración de datos que intentan llenar de cualquier manera el vacío de información oficial autorizada que debiera llegar por conductos regulares y correctos a los medios y a la opinión pública.

Hace bien el fiscal de la Nación en romper su silencio. Su condición de interino en el cargo no tiene que privarlo de la obligación constitucional de ser el primer vocero de su institución. Lo peor es que aparezca pintado en la pared mientras operadores de segundo y tercer nivel se llenan la boca diciéndole a la prensa las medias verdades que ellos quieren transmitir.

La ruptura de silencio de Villena equivale a la ruptura del “pacto” aparentemente interno en el Ministerio Público, que durante mucho tiempo convirtió en más voceros que el propio fiscal de la Nación de turno a fiscales superiores altamente politizados. Estos subordinados fiscales superiores se sintieron con el poder político suficiente para cuestionar a sus autoridades supremas, como terminaron haciéndolo con Pedro Chávarry y Patricia Benavides, al margen de las imputaciones que estos enfrentaron en su momento.

No ha dejado de ser una novedad adicional que el parco fiscal de la Nación haya entrado en polémica con el locuaz ministro del Interior sobre un tema altamente sensible: hasta qué punto los fiscales liberan fácilmente a delincuentes detenidos por la policía y hasta qué punto los defectuosos partes de investigación preliminar de la policía sirven en bandeja esas liberaciones fiscales.

Por último, la ruptura de silencio en la última semana de la presidenta Dina Boluarte no tenía que haber sido cantando el viejísimo tema de “El gato ron ron”, sino poniéndole el cascabel a más de un gato despensero ron ron, encaramado en el presupuesto nacional o corriendo de la justicia.