Politización de la justicia

Es lamentable cómo una persona que había jugado un papel tan decisivo y valiente en las investigaciones a Pedro Castillo, y que podía haber sido un ejemplo, haya terminado gestionando a través de sus asesores decisiones legislativas cuestionables a cambio, supuestamente, del archivamiento de casos. Es penoso, decepcionante y, por el impacto mediático que ha tenido, muy malo para la adhesión ciudadana al sistema democrático.

Cierto es que hay que establecer bien los hechos, porque hay inconsistencias que muchos medios no están señalando. Por ejemplo, el único elemento de evidencia que se muestra en los chats como señal del compromiso de archivar casos es la resolución que archiva la denuncia contra 37 congresistas por haber recibido dinero para no censurar al exministro Juan Silva, pero resulta que esa resolución se elaboró sobre la base de informes oficiales del mismo equipo de Marita Barreto que descartaban cualquier testimonio o evidencia que los incriminara, ante lo que la fiscal de la Nación, por falta de pruebas, no podía sino archivar. Pero, claro, pudo presentarse a los congresistas tal decisión como parte del ofrecimiento.

Además, la fiscal de la Nación sí denunció constitucionalmente ante el Congreso a cuatro ‘Niños’, y cinco de esta agrupación no votaron a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos. Patricia Chirinos había acusado a Ávalos mucho antes de que Patricia Benavides fuera elegida fiscal de la Nación. Son datos que no concuerdan con la tesis de la denuncia.

De todos modos, las gestiones del asesor Villanueva son claras, aunque falta verificar la autenticidad de los chats. Si partimos del supuesto de que son ciertas y Patricia Benavides las conocía, ¿cómo se explica que las haya autorizado? El argumento que esgrime el exasesor Villanueva en los chats es básicamente que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), formada por la élite “caviar”, quiere removerla y hay que evitarlo. De hecho, ella sabía que la JNJ tenía en la mira destituirla, como había trascendido en una nota de IDL-Reporteros.

Nada de esto justifica, sin embargo, que la fiscal le haya dado esas instrucciones. Lo que ha ocurrido en el Ministerio Público y en el sistema de justicia es una degradación de los métodos producto de una lucha intestina que a su vez se origina en la politización de la justicia. Dicha politización se potenció desde que se denunció y se llevó a prisión preventiva de manera arbitraria a líderes políticos por donaciones de campaña que no eran delito, desatando, en confluencia con el populismo político confrontacional de Martín Vizcarra, una cacería que no solo ha destruido partidos y liderazgos, sino que ha cometido incontables abusos. Lo último que he sabido es que al expresidente de la Confiep, Ricardo Briceño, en lugar de que se le archive una denuncia que es demencialmente absurda, le han embargado propiedades y vehículos.

Si la justicia se ha vuelto un arma política tan peligrosa, no debe extrañar que el control de los órganos judiciales, incluida la JNJ, se convierta en un objeto de pugna feroz. Ese es el tema. Hay incluso la hipótesis de que Boluarte y Otárola, conociendo el avance de la acusación constitucional contra ellos, indujeron o montaron el operativo contra la fiscal de la Nación y sus asesores. Si fuera cierto, eso explicaría por qué Patricia Benavides lanzó el misil de la acusación constitucional contra la presidenta y el primer ministro luego de conocida la denuncia, algo que pareció un acto de destrucción total.

La verdad, no sé cuál pueda ser la salida que permita la regeneración del sistema judicial. Probablemente Patricia Benavides será removida, si se comprueban los hechos. Pero también deben salir del Ministerio Público los responsables de la destructiva politización de la justicia y archivarse los casos por donaciones de campaña. Sería la única forma de pacificar las instituciones.