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¿Cómo se ha escrito nuestra historia?, por Carlos Contreras Carranza

“Los historiadores no parten de los hechos para construir sus relatos, sino de un argumento o idea que quieren afirmar y, a partir de la cual, buscan y construyen sus hechos”.

Carlos Contreras Carranza Historiador y profesor de la PUCP

Historia

“El relato histórico se va construyendo sobre la negación o revisión de las versiones anteriores”. (Ilustración: Giovanni Tazza).

Ilustración: Giovanni Tazza.

La reconstrucción del pasado que hacemos los hombres y que llamamos “historia” tiene, junto a su afán de rigurosidad y propósito de establecer la verdad, un inevitable sentido político. La responsabilidad de la academia es tratar de que este, sobre todo cuando es deliberado o más intensamente asumido (vale decir, cuando el relato histórico procura apuntalar o desacreditar alguna propuesta política o ideológica, o ensalzar o deslegitimar algún grupo social o político), no lo haga tergiversando los hechos ni las reglas del oficio. Estas últimas exigen probar las afirmaciones con fuentes creíbles, que deben ser, en la medida de lo posible, contrastadas. Pero la tarea es ciertamente compleja; un buen ejemplo es lo que sucedió en la época colonial con la historia de los incas.

Producida la conquista o invasión del Tahuantinsuyo por los españoles, surgió pronto la conciencia de que se trataba de un hecho histórico que ameritaba ser narrado y recordado entre los anales de la humanidad. Las primeras versiones, producidas por algunos de los mismos protagonistas de las guerras de la conquista, destacaron la heroicidad de la hueste castellana, y, al mismo tiempo, el elevado grado de civilización alcanzado por los vencidos monarcas andinos. Mientras más desarrollados y refinados fueran presentados estos, más gloriosa luciría la gesta bélica de sus conquistadores. Buen ejemplo de esta tendencia al escribir la historia de los incas fue la obra del cronista Pedro Cieza de León, que llegó a afirmar que en muchos campos de la vida económica y social, los incas “nos hacían mucha ventaja” (en referencia a los europeos).

Poco después, la Corona española tomó el control del Perú y, una vez asentado el gobierno virreinal, acometió la tarea de desmontar el sistema político y económico diseñado por los incas, para dar paso a un nuevo sistema de reparto de la tierra, la evangelización y la imposición de nuevos tributos a los indios, entre los que figuraba el aprovechamiento de su trabajo en las minas. También se reemplazó en los puestos de gobierno a los descendientes de los conquistadores por burócratas despachados desde la metrópolis. Aquella reconstrucción histórica dejó entonces de ser conveniente y se procedió a cambiarla por una nueva, escrita por los “cronistas toledanos”.

Esta versión dejó en un segundo plano las hazañas militares de los ‘Pizarros’ y ‘Almagros’ y describió al régimen de los incas como un gobierno despótico y arbitrario, en el que los indios del común carecían de libertades elementales, como el derecho a la propiedad, hasta el punto que sus propias mujeres e hijos podían ser tomados por el inca, si a este le placía. La nueva reconstrucción del pasado procuraba subrayar el hecho de que, bajo el régimen español, los indios salían ganando, y que las autoridades españolas habían llegado a estas tierras “a hacerles merced”. Historiadores y juristas como Pedro Sarmiento de Gamboa y Juan de Matienzo podrían ser buenos ejemplos de esta nueva historiografía. La corriente anterior, más bondadosa con los incas, no desapareció del todo, naturalmente. Sin ser promovida por el Estado, siguió en la liza, produciendo ecos en los años posteriores, como los magníficos “Comentarios reales” de Garcilaso de la Vega.

¿Alguna de dichas versiones era más verdadera sobre los incas? ¿Alguna de ellas fue más sesgada que la otra? No, realmente. Correspondieron a dos proyectos historiográficos distintos y a dos momentos también distintos. La primera tendencia se apegó al deslumbramiento y curiosidad por las civilizaciones diferentes que caracterizó a los europeos del período del Renacimiento, mientras que la segunda tuvo que ver con la ‘realpolitik’ del imperio de Felipe II. Los historiadores no parten de los hechos para construir sus relatos, sino, explícita o implícitamente, de un argumento o una idea que quieren afirmar; a partir de esta es que buscan sus hechos, les dan forma y, hasta cierto punto, los construyen.

Podríamos intentar un ejercicio similar sobre otros procesos decisivos en la historia del Perú. Las reconstrucciones históricas de la lucha por la independencia, que en el fondo fue una guerra civil entre los peruanos que apostaban por la secesión del imperio español y quienes mantenían la fidelidad a la “madre patria”, y otros enfrentamientos que fueron también guerras civiles, como los que menudearon en el siglo XIX, hasta llegar a la guerra contra el terrorismo a finales del XX, han tenido su propio devenir. También en dichos casos se erigió en algún momento una versión hegemónica, que más adelante ha sido contestada o modificada, en la medida en que fueron descubriéndose nuevas fuentes, pero sobre todo a causa de nuevos enfoques, nuevas sensibilidades y distintas demandas políticas y sociales. El relato histórico se va construyendo sobre la negación o revisión de las versiones anteriores.

Hay ciertos momentos en que, como sucedió con el Estado toledano en la segunda mitad del siglo XVI en el Perú, los gobiernos (como también podría ocurrir con las agencias internacionales o los grupos internos) fomentaron un proyecto historiográfico en cierta dirección, disponiendo recursos para la investigación de ciertos temas y facilitando mecanismos para la propagación de sus resultados. La reivindicación de los gobiernos militares en la historia peruana, hecha durante el gobierno de Manuel Odría a partir de los institutos de historia militar, que llevaron a incluir por primera y única vez en nuestra historia republicana el busto de un presidente de la república en una moneda de circulación nacional (el del mariscal Ramón Castilla), puede ser un ejemplo de ello. La formación de una Comisión Nacional para el Sesquicentenario de la Independencia, entre 1971-1976 (a pesar de que este grupo asumió la tarea de publicar documentos, más que la de elaborar un nuevo discurso histórico), podría ser otro.

Las versiones de la historia que construimos sobre nuestro pasado están sujetas a constante revisión y debate. Y es bueno que así sea. Mal haría el Estado en reclamar un monopolio o aun una rectoría en esta materia, aunque sin duda cuenta con los medios que pueden permitirle favorecer una versión por encima de otras. La universidad, los centros de investigación y la comunidad académica deberían, en todo caso, garantizar la pluralidad de enfoques y promover la incesante discusión, que es la mejor demostración de una historia viva y pujante.

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