Indecisión riesgosa

Tantas veces Petro-Perú. La compañía, que acumula graves problemas financieros en los últimos años, sigue padeciendo en cuidados intensivos mientras aguarda a que el gobierno de Dina Boluarte tome alguna decisión sobre su futuro y, pese a los llamados públicos del directorio de la estatal, hasta el cierre de esta columna no existen detalles específicos sobre el rumbo que se seguirá o el camino por el que se optará para evitar que esta crítica situación se prolongue y empeore.

Así, en medio de la indecisión y el silencio, existen serias dudas sobre si el Ejecutivo –y, en particular, la presidenta– es consciente de lo costoso que resulta dejar que pasen más días sin actuar, y la información que trascendió sobre posibles cambios en el directorio de Petro-Perú (que finalmente no se concretarían) solo ha echado más gasolina a las válidas preocupaciones respecto del destino que le depara a la petrolera.

¿Por qué nos preocupa tanto la situación de Petro-Perú? Para tener una idea concreta sobre la alarmante situación económica que enfrenta la estatal, veamos lo que algunas de sus cifras revelan: hasta junio de este año, Petro-Perú acumulaba una deuda de US$8.470 millones, una cifra que solo va en aumento y que, trasladada a soles, ya supera el presupuesto inicial de apertura que recibieron este año sectores importantes como Salud (más de S/29 mil millones), Transportes (más de S/23 mil millones), Seguridad y Orden Público (más de S/16 mil millones), entre otros. Mientras tanto, la pérdida neta que acumula la estatal en los primeros seis meses de este año llegó a US$452 millones; es decir, US$72 millones más a la registrada en el mismo período del 2023. Por donde se vea, Petro-Perú es el reflejo de una debacle que enciende las alarmas en un país que no puede darse el lujo de incrementar sus gastos y que tiene contingencias económicas mucho más urgentes que atender.

Por eso, el directorio de la estatal, dirigido por el economista Oliver Stark, fue contundente en mayo al considerar inmoral la opción de solicitarle más fondos al Estado, y fue aún más enfático en sus advertencias comunicadas la semana pasada. El pasado martes, dicho directorio instó al Gobierno a actuar de manera urgente por la insostenible situación en la que se encuentran sus finanzas y recordó que ya pasaron más de tres meses desde que brindaron algunas salidas a la crisis financiera que enfrenta: una mayor inyección de capital a la empresa, que quedaría descartada; la quiebra o liquidación, que implicaría asumir el exorbitante pago de deudas de Petro-Perú de forma inmediata; y una reestructuración profunda de la compañía, que se perfila, según diversos especialistas, como la opción más sensata. Tras varios días de silencio, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien está en la Junta de Accionistas de Petro-Perú, dijo ayer que hoy se tendrían novedades, pero no descartó apoyo financiero a la petrolera; una declaración que contrasta con lo dicho por el ministro de Economía, José Arista, sobre que no se dará “ni un solo sol” más de los contribuyentes a la estatal.

Sea como fuere, las catastróficas cifras evidencian que Petro-Perú no da para más. ¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno decida de forma clara sobre su destino? ¿Vamos a esperar otra reducción en su calificación y, con ello, un mayor impacto para las finanzas públicas peruanas? Ojalá no se crucen extremos innecesarios.