Con la misma piedra

Si hay algo que no ha llegado a cambiar entre el gobierno de Dina Boluarte y el de Pedro Castillo, es la obsesión por complicarse la vida para darle beneficios a Petro-Perú.

El ingreso de Rómulo Mucho al Ministerio de Energía y Minas parecía marcar un giro en la política hidrocarburífera para intentar enmendar los errores recientes y recuperar la confianza de los inversionistas de este sector.

Pero el cambio no duró mucho y, al parecer, tanto el nuevo ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, como el nuevo ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, no han ofrecido suficiente resistencia al regreso de las usanzas castillistas en lo que se refiere a la petrolera.

Conociendo sus perfiles, esto sorprende en ambos casos, así que la orden de que todo vuelva a la ‘normalidad’ tras la censura de Mucho por parte del Congreso no puede haber venido de otro lugar que no sea de más arriba.

Sin una imposición de esa naturaleza, no se entiende cómo ni por qué el ministro Montero habría pedido la renuncia del ahora expresidente de Perú-Petro, José Mantilla, responsable de la licitación que se ha realizado para elegir a la empresa que operará los lotes petroleros I y IV en Talara, Piura. Petro-Perú, como sabemos, fue uno de los perdedores en este proceso y, si se termina firmando el contrato con el ganador, La Ponderosa Energy, estos lotes pasarían a manos privadas.

Si el proceso no se ha realizado de manera adecuada y no se ha elegido a un consorcio que garantice los flujos de inversión necesarios para que sigan perforándose pozos en esos lotes en el futuro, el ministro Montero debería explicar qué ha sucedido y asignar las responsabilidades que correspondan.

Pero sin argumentos excepcionalmente sólidos y en un momento en el que Perú-Petro todavía no ha terminado de calificar a los dos consorcios liderados por La Ponderosa Energy que resultaron elegidos, dejar sin efecto este concurso solo terminaría complicando aún más las posibilidades de que cualquier empresa seria considere participar en las convocatorias de Perú-Petro de aquí en adelante.

Ceder a las presiones políticas y sindicales que exigen que Petro-Perú siga teniendo un tratamiento diferenciado frente a los jugadores privados sería seguir tropezándose con la misma piedra y condenar al país a que la oferta de combustibles dependa aún más de una empresa que ha demostrado en los últimos años su incapacidad operativa para, por ejemplo, construir y operar la nueva refinería de Talara y para mantenerse a flote sin apoyo financiero cubierto con dinero de todos los peruanos.