El pasado miércoles 15 de octubre el país se vio sumido en una manifestación de gran envergadura, acaparando diversos sectores y gremios. Lo que comenzó siendo una manifestación pacífica, culminó en una jornada violenta entre la policía y los manifestantes. ¿Por qué marcharon?
En el caso de la PUCP se pedía I) justicia y reconocimiento a las víctimas de las protestas del 2023, II) fortalecer y ampliar la educación pública, III) derogación inmediata de las leyes pro-crimen, y IV) reforma policial profunda. Mientras en la UPC se marchaba por I) el rechazo a la ley de amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, II) la derogación inmediata de las leyes pro-crimen, III) la falta de equilibrio de poderes en el gobierno de turno, IV) y el rechazo a José Jerí como presidente interino.
Desde la USIL se pedía I) la derogación inmediata de las leyes pro-crimen, II) la reforma de la Ley Universitaria, III) la disolución del Congreso y convocatoria a nuevas elecciones, IV) y la convocatoria a una asamblea constituyente popular. En el caso de la UNMSM: I) asamblea constituyente con participación popular, II) aumento del 20% de presupuesto a universidades públicas, III) derogación inmediata de las leyes pro-crimen, IV) rechazo a la ley de amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, V) y derogación de la antireforma del sistema de pensiones.
Luego, en la llamada generación Z, que también incluye generacionalmente a las universidades, las consignas eran I) abajo el Gobierno y el Congreso que no representan a pueblo, II) inacción de las autoridades frente a la criminalidad, III) nepotismo y corrupción, IV) y falta de oportunidades laborales para los jóvenes.
Luego, había docentes pidiendo cumplimiento de compromisos y presupuesto educativo, y otras organizaciones sociales con consignas que incluían el cierre del Congreso (pacto mafioso), la derogación de las leyes pro-crimen organizado, cárcel para Dina Boluarte, y hasta derogación de la Ley de Amnistía y Anti forestal.
Pese a la amplitud de temas que tuvieron presencia en la marcha convocada a nivel nacional, hay un punto de encuentro indudable entre todos los bloques participantes: el rechazo total a las autoridades (Congreso y Ejecutivo) y el deseo de un nuevo comienzo: nuevas autoridades, y mejores acciones en contra de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.
Sin embargo, de cara a la fuerza con la que pueden seguir las protestas, hay que considerar que las elecciones ya están convocadas –y a la vuelta de la esquina–, Boluarte ya fue vacada, Jerí ha asumido interinamente por ser presidente del Congreso, aunque viene precedido por denuncias de violación y enriquecimiento ilícito que han sido archivadas, el Congreso no puede ser disuelto en su último año de funciones, y el Gabinete nombrado por Jerí es medio anodino porque no trae nombres conocidos contra los cuales inflamarse.
Sin embargo, la confirmación del fallecimiento de Eduardo Ruiz Sáenz, producto de un disparo en el tórax ocasionado por un suboficial de tercera, Luis Magallanes, asigna responsabilidad política al ministro del Interior y al propio presidente, y al ponerle cara al “villano” puede cohesionar a los colectivos detrás de la causa del cambio de ministro e incluso cambio de gobierno.
Este escenario podría aumentar su probabilidad si hay nuevas marchas que vuelvan a ser violentas, y develen la evidente falta de profesionalización de nuestra policía en el manejo de conflictos violentos. Más aún, si es poco probable que Jerí logre resultados inmediatos en la lucha contra la inseguridad ciudadana. El futuro es incierto, pero la presidencia –aunque Jerí haya mostrado reflejos políticos– empieza con una alta vulnerabilidad proveniente de la calle.
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