Febrero visto a través de los editoriales de El Comercio

Las manifestaciones de diciembre y enero llevaron a nuestras autoridades, tanto en el Congreso como en Palacio de Gobierno, a plantear el adelanto de las elecciones generales como válvula de escape para la convulsión social y la crisis de representación que carcome ambos poderes del Estado. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para un desenlace sensato, el Legislativo frustró –en una seguidilla de sesiones– la posibilidad de que los ciudadanos vayamos a las urnas en el 2023 o en el 2024. La legislatura terminó este mes sin una reforma que permita los comicios anticipados aprobada siquiera en primera votación.

“A estas alturas, que el Congreso no haya llegado a avanzar una fecha para las elecciones adelantadas (sean estas en el 2023 o en el 2024) es irresponsable. Y que ello haya ocurrido mientras la convulsión social se ha cobrado la vida de más de 60 peruanos y viene dejando tras de sí una estela de violencia, destrucción y desabastecimiento en varias zonas del país es indolente”.

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El domingo 5 de febrero una serie de huaicos sacudió la provincia arequipeña de Camaná, afectando a más de 1.000 viviendas y dejando, oficialmente, al menos 16 fallecidos, además de un número importante de damnificados. Al día siguiente, el lunes 6, una cadena de terremotos con picos de magnitud 7,8 y 7,5 azotó Turquía y el norte de Siria dejando más de 20 mil fallecidos hasta la fecha y una estela de dolor e indignación en ambos países. El viernes 10 incidimos en nuestro Editorial en un hecho que suele soslayarse ante estos embates de la naturaleza: que los daños que estos ocasionan, no solo en el Perú, sino alrededor del mundo, pueden ser considerablemente minimizados con una correcta cultura de la prevención, una mejor política de construcción de viviendas (que puedan resistir sismos y que no se erijan sobre conos de eyección por donde pasan los huaicos) y una mayor fiscalización por parte de las autoridades. Ninguno de estos tres factores se cumplió a cabalidad ni en Camaná, en nuestro país, ni en Turquía, al otro lado de globo.

“Las advertencias, entonces, están allí para los que quieran oírlas. Sismos y huaicos nos han acompañado a lo largo de los años y lo seguirán haciendo dadas las particularidades de nuestro territorio. Que estos eventos se conviertan en dramas humanos, sin embargo, depende en buena cuenta de lo que hagamos o dejemos de hacer, tanto los ciudadanos como las autoridades. Y las lecciones de Camaná y Turquía han venido a recordárnoslo”.

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Después de años de reiterados y desembozados intentos, finalmente este Congreso ha logrado propinarle un golpe letal a la reforma universitaria. El 20 nuestro Editorial llamó la atención sobre las implicancias que trae la reconformación del Consejo Directivo de la Sunedu que, en pocas palabras, le resta autonomía a la entidad llamada a regular a las universidades peruanas. Ahora, gracias a un cambio aprobado por este Parlamento, los fiscalizados –es decir, las casas de estudios superiores en nuestro país– tendrán la posibilidad de influir en el nivel más alto del fiscalizador –la Sunedu–.

“El riesgo de la llamada contrarreforma universitaria que impulsó el Congreso –con anuencia del Tribunal Constitucional y ahora, aparentemente, del propio Ejecutivo– es que sean las mismas casas de estudios las que elijan a los responsables de establecer sus lineamientos y regularlas. Es decir, que sean juez y parte. El conflicto de intereses es innegable”.

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Pese que a lo largo del país las protestas han menguado, existe una región que continúa paralizada y cuyas vías permanecen bloqueadas por los manifestantes desde enero. Esa región es, además, la más pobre del país y una que aparece rezagada en la mayoría de los ránquines que se hacen sobre diferentes indicadores sociales. Esa región es Puno. El Gobierno debe, por supuesto, liberar las carreteras cuyos bloqueos no hacen más que afectar a los puneños, pero también atender las demandas de la región para tener mejores servicios, mayores oportunidades y, por supuesto, apoyar las labores que buscan esclarecer las muertes de casi 20 personas durante las protestas de enero en la región.

“El Gobierno debe atender el reclamo de los deudos de las víctimas por justicia y colaborar con el Ministerio Público para que se esclarezcan cuanto antes las circunstancias en las que cada una de estas personas perdió la vida. Es importante que se liberen las vías que continúan bloqueadas en Puno, pero esta labor debe hacerse respetando estrictamente el marco legal”.

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Cinco años después de que la justicia peruana aprobara una medida de prisión preventiva en su contra por el Caso Odebrecht, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aceptó la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Se trata de una noticia largamente esperada por nuestro país y así lo señalamos en nuestro editorial del pasado 23 de febrero, en el que, además, recordamos que los indicios de que el exmandatario recibió coimas de la constructora brasileña por la carretera Interoceánica son tan numerosos como demoledores.

“A la prisión preventiva le seguirá seguramente la definitiva. Y, con ello, se hará claro que Toledo no fue ningún error de la estadística, sino más bien su patética confirmación. De la estadística que sugiere que nuestros gobernantes, sin importar su origen, acaban enredados en estas turbias historias, queremos decir”.

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El 24 de febrero se cumplió un año desde que Vladimir Putin ordenara, en un mensaje transmitido en todo Rusia, el inicio de una “operación militar especial” en Ucrania que no era otra cosa que una invasión contra la exrepública soviética. Doce meses después, la guerra ha dejado una pila de muertos, un sinnúmero de heridos y millones de desplazados, así como ciudades ucranianas derruidas por las bombas rusas. Pero, al mismo tiempo, ha sacado a flote la resistencia de los ucranianos, comandados por Volodimir Zelenski, y ha puesto a prueba la capacidad de las democracias más grandes del planeta para ayudar a los ucranianos a repeler una agresión que recuerda los peores momentos del siglo pasado. Todo eso, mientras cada mes salen a flote evidencias de violaciones a los derechos humanos en ciudades que estuvieron ocupadas por las tropas rusas en los primeros meses de la invasión y cuando el régimen de Putin continúa blandiendo la amenaza nuclear como un arma para disuadir a Occidente de seguir prestándole apoyo a Kiev.

“La guerra que hoy se viene librando en localidades como Donetsk, Lugansk o Bajmut es, en muchos sentidos, una guerra por el futuro. Y una así solo puede terminar de una manera: con la supervivencia de Ucrania”.

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El 24 de febrero el Gobierno Peruano decidió retirar a nuestro embajador en México; esto, luego de semanas en las que el presidente mexicano se dedicó a mentir sobre el golpe de Estado que dio Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre en nuestro país y las condiciones en las que asumió el poder Dina Boluarte. Esta decisión es el colofón de una serie de afrentas del mandatario mexicano a nuestro país que resumimos en nuestro editorial del 26 de febrero, y que van desde sus intenciones de darle asilo político al golpista y a su familia hasta su negativa a transferirle la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico al Perú, como corresponde.

“Ningún país que se respete debe aceptar afrentas como las que ha repetido AMLO y es lamentable porque entre el Perú y México existen lazos históricos sólidos que se ven manchados por sus expresiones”.

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El 6 de febrero un crimen sacudió al país. Alias ‘La Tota’ y su familia fueron atacados mientras se encontraban transitando una zona comercial del distrito de San Miguel, a plena luz del día, por tres sicarios que dispararon hasta 50 veces. Todo ocurrió en 26 segundos que quedaron grabados en las cámaras de seguridad del lugar. Sin embargo, aunque impactante, este asesinato múltiple (seis personas) es apenas uno más en una estadística espeluznante –la de los casos de sicariato– que viene creciendo desbocadamente en los últimos años y que bebe del aumento de otro delito: el de las extorsiones.

“Solo entre setiembre pasado y enero último, este Diario ha contado casi 170 asesinatos por encargo en Lima. Eso, por supuesto, sin incluir los del resto del país, que son materialmente imposibles de rastrear. En el 40% de estos crímenes, además, el tirador no solo acabó con la vida de su objetivo, sino que se empeñó en acribillar a todos aquellos que lo acompañaban, sin importar si estos últimos eran menores de edad”.

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El 9 de febrero, Mario Vargas Llosa formalizó su pase a la ‘inmortalidad’. Su ingreso a la Academia Francesa es, a decir de muchos, el segundo reconocimiento más importante en la vida del escritor peruano, tras la obtención del Premio Nobel de Literatura en el 2010. Nunca en sus más de tres siglos de existencia la institución había aceptado en su seno a un autor cuya obra no hubiese sido escrita originalmente en francés. Este solo dato quizá sirva para poner en contexto la magnitud de lo conseguido por nuestro escritor cuya vigencia continúa intacta y que cada quince días sigue defendiendo sus ideas a través de sus columnas, que son publicadas en nuestro país por este Diario.

“En las horas más oscuras es cuando una lucidez y una valentía como las suyas se echan de menos, y es por eso que, de alguna manera, en medio del trance ingrato que vivimos, todos en el país nos sentimos partícipes del honor que él acaba de recibir”.

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Tomás Unger Golsztyn, el mayor divulgador científico que ha tenido nuestro país y columnista de este Diario durante más de cuatro décadas, falleció el pasado 5 de febrero. Se va dejándonos un legado imperecedero que vivirá en todos aquellos que logramos acercarnos un poco más a este mundo complejo a través de las ventanas que abrían sus artículos, los mismos que nos hicieron emprender viajes a través de las estrellas para entender el universo y sus fenómenos o acercarnos a mundos microscópicos para entender sobre las enfermedades y los intentos incansables del ser humanos por neutralizarlas. Maestro de varias generaciones de peruanos, no nos alcanzan las palabras para agradecerle por tantas enseñanzas.

“Para quienes fuimos sus lectores durante más de cuatro décadas, don Tomás no fue solo un divulgador científico; fue, por sobre todas las cosas, un maestro que utilizó las páginas de este Diario como pizarras en las que exponía sobre conceptos y sucesos complejísimos de la manera más amena posible”.

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Luego de años encarcelando o forzando al exilio a varios líderes opositores, el régimen sandinista ha inaugurado una nueva espiral de persecución en Nicaragua. En una situación inédita, les ha retirado la nacionalidad, en un gesto inhumano y abiertamente contrario a las propias leyes del país centroamericano y el derecho internacional, a 94 nicaragüenses durante el mes de febrero. Una acción que solo ratifica la naturaleza dictatorial del régimen que encabezan Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, y que venimos denunciando consistentemente en este Diario desde hace un puñado de años.

“El apoyo internacional en los siguientes meses y años será indispensable para preservar los derechos de los nicaragüenses y evitar que Ortega –quien ya tiene a su esposa como vicepresidenta– instale otro proyecto longevo en el continente”.

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