Ajustes electorales

El Congreso de la República retomará actividades desde la próxima semana –cuando se empiecen a instalar las comisiones ordinarias– y resulta importante que empecemos a debatir las prioridades en la agenda. Una de estas prioridades debería ser el ordenamiento de las reglas de juego electorales con miras a los comicios del 2026.

Hay cuatro temas fundamentales que el Parlamento debería abordar. El primer punto tiene que ver con restaurar los filtros necesarios para no acabar con una contienda electoral con más de 35 partidos políticos. Tal y como ha revelado El Comercio, podríamos terminar con una cédula de votación de un tamaño de casi el doble respecto a la del 2021.

Este cambio es el más importante, pero el más difícil, pues no existe ninguna iniciativa hasta la fecha que apunte en ese sentido. La Comisión de Constitución y Reglamento, que presidirá Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), daría una buena señal al impulsar este debate, que solo requiere rescatar la fórmula de filtro que proponían las PASO descartadas por este Congreso.

Ante la cantidad de partidos políticos, el segundo cambio que se vuelve necesario es facilitar las alianzas electorales. A la fecha, no resulta atractivo constituir un frente electoral, debido a que se eleva la valla electoral (del 5%) en un punto porcentual por cada agrupación que integre la fórmula.

Sobre este aspecto sí existe una fórmula legislativa, que podría aprobarse de manera rápida en el pleno. Sin embargo, no debería ser utilizada para introducir otros temas a modo de contrabando. Desde julio se viene rumoreando en los Pasos Perdidos que se quiere condicionar la aprobación de esta norma con la inclusión de una disposición que reabra y amplíe el plazo de afiliaciones que venció el pasado 12 de julio. Abrir esa puerta para más afiliaciones de último minuto sería un retroceso que solo alentaría el transfuguismo partidario.

El tercer punto resulta más fácil debido a que solo requiere la ratificación de la segunda votación: la restauración de la reelección de autoridades regionales y locales. Esta fórmula incluye la eliminación de los movimientos regionales, lo que ayudará a fortalecer las marcas partidarias y las obligará a trabajar más en su presencia en regiones en las que la gran mayoría ha perdido representatividad.

El cuarto y último tema está referido al dictamen que incluye nuevos delitos para el impedimento de postulación de condenados, aun cuando estén rehabilitados, a cargos de elección popular. Esto le cerraría el paso a una eventual postulación de Antauro Humala. El Congreso, sobre todo Fuerza Popular, tiene en sus manos la responsabilidad de este tema, aunque choque con algunos intereses particulares.

De no priorizar estos temas –solo existe plazo para aprobar cambios hasta abril del 2025, salvo reformas constitucionales–, el Congreso será el culpable de que se realicen unas elecciones desordenadas y de tener nuevas autoridades con poca legitimidad.