Represión y derechos humanos

La semana pasada, Human Rights Watch (HRW), organismo no gubernamental internacional independiente dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo desde 1978, presentó el informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”. HRW se ha ocupado del caso peruano, así como se ha preocupado por documentar y denunciar graves abusos de otros gobiernos, como los de Nicaragua (“una enorme concentración de poder en el Ejecutivo ha permitido al gobierno del presidente Daniel Ortega cometer atroces abusos contra críticos con total impunidad. La crisis de derechos humanos en Nicaragua, que comenzó con la represión de las protestas en abril del 2018, sigue deteriorándose”), Venezuela (“enfrenta tres crisis simultáneas relacionadas con la represión del disenso, la emergencia humanitaria y el éxodo masivo de venezolanos. Las autoridades persiguen y procesan penalmente a opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil [...] [organismos internacionales] están documentando posibles crímenes de lesa humanidad cometidos con el conocimiento de autoridades de alto nivel”) o Cuba (“el Gobierno Cubano continúa reprimiendo el disenso e impidiendo la crítica pública. Recurre sistemáticamente a detenciones arbitrarias de corta y larga duración para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, artistas, manifestantes y otras personas”).

En nuestro caso, en el informe se señala que “49 manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas” (entre diciembre y enero pasado); “el Ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias”, al mismo tiempo que “la retórica del Gobierno, que parecía excusar o minimizar los abusos, combinada con la aparente inacción de las más altas autoridades civiles que tienen a su cargo a las fuerzas de seguridad ante las sólidas pruebas de los abusos, plantea interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad en los abusos”. Este informe documenta y coincide con numerosos testimonios e investigaciones de otros medios como “The New York Times” e IDL–Reporteros.

¿Cómo se explica la respuesta del Gobierno? Podría decirse que, entre diciembre del 2022 y enero de este año, Boluarte cayó en el convencimiento de que su sobrevivencia política dependía del respaldo de la mayoría conservadora del Congreso, así como en apoyarse en las Fuerzas Armadas y policiales como herramienta de contención de la protesta social. Pero, además, se dejó llevar por una estrategia represiva basada en miradas conspirativas sin fundamento, que terminaron en las ejecuciones extrajudiciales denunciadas más arriba. Dadas las opciones tomadas, ahora la respuesta gubernamental transita por la minimización, la desatención y el encubrimiento, a tal punto que, según el reporte de HRW, “a principios de febrero, el Ministerio del Interior no había abierto ninguna investigación por los abusos cometidos contra manifestantes, transeúntes o periodistas, y ningún agente de policía había sido sancionado o apartado del servicio”. En suma, la abdicación de la autoridad democrática.

Pero no solo se trata de la respuesta de un gobierno aislado, débil y sin mayor orientación estratégica. Amplios sectores de derecha son conscientes de la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos que ejercían el derecho a la protesta, o que fueron víctimas circunstanciales de una represión indiscriminada, y optan por mirar a otro lado, bajo la lógica de apoyar a las Fuerzas Armadas y policiales. A estas alturas, después de la experiencia sufrida en las décadas de los años 80 y 90, deberíamos saber que este camino solo empeora la situación que se quería resolver, incuba respuestas aún más radicales y violentas, e implica para nuestras fuerzas del orden un desprestigio institucional imposible de revertir. Debería estar claro que es el fino trabajo de inteligencia, la alianza con la población y una conducción política los que aíslan a los sectores que buscan beneficiarse de la confrontación y permite obtener legitimidad, y que ninguna autoridad que se diga democrática puede tener las manos manchadas de sangre.