:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/W35Q4FT62BDI7K4DWCUH3GNKVU.jpg)
El nivel canalla al que está llegando el quehacer político en el Perú no tiene límites: es legítimo mantenerse alertas ante la gestión de cualquier autoridad, pero resulta inconcebible que ya se esté pidiendo la vacancia de Luis Castañeda Lossio a menos de 15 días de haber asumido la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Los promotores de este disparate, por ahora concentrado en las redes sociales, son aquellos irresponsables e incompetentes que participaron en la desastrosa gestión de Susana Villarán, sobre la cual nadie ha hecho un elemental y decente mea culpa.
Precisamente, para no quedarnos en adjetivos ni participar en esa guerra sucia alentada por algunos izquierdistas que solo saben oponerse, pero que no tienen ni idea de cómo gobernar una sociedad, propongo una lista de preguntas (tomadas de conclusiones a las que han llegado miembros de la accidentada comisión de transferencia) que ameritan un descargo urgente:
¿No es verdad que en promedio durante el período Villarán de cada 10 soles, 9,50 se emplearon en gasto corriente?
¿No es cierto que 40 de los 50 céntimos restantes ya están comprometidos y solo 10 céntimos quedan disponibles para nuevas obras en el 2015?
¿No es cierto que en cuatro años de gestión se dedicaron casi 98 millones de soles a gasto improductivo bajo el rubro de publicidad, mientras obras urgentes como el mantenimiento de puentes quedó desatendido?
¿No es cierto que la planilla municipal se incrementó en casi 60%, pasando de 10 mil a 16 mil servidores, lo cual explicaría por qué el pago de remuneraciones se incrementó en 400%, de 58 millones de soles a 235 millones? ¿No es cierto, asimismo, que se ha dejado una herencia terrible de gastos por convenios colectivos y obligaciones previsionales que llegaría a los 900 millones de soles?
¿No es cierto que también existe amenaza de pago por litigios mal llevados, en el orden de los 481 millones de soles?
¿No es cierto que la situación de casi todas las empresas municipales –Emmsa, Emape, Pro Transporte, Fondo Metropolitano de Inversiones y Caja Municipal– es endeble y deficitaria?
¿No es cierto que la situación de la Beneficencia Pública es hipercrítica?
¿No es cierto que en Serpar se vendieron inmuebles para financiar gasto corriente? ¿No es cierto que se hicieron obras públicas con sobrecostos, pagos de inexplicables asesorías y pésima calidad como en la Costa Verde, el malecón de Barlovento-Venecia y otros?
¿No es cierto que se dejó impagos hasta en 17 meses a los proveedores de las cámaras de videovigilancia en el Cercado? ¿Y no es cierto que se dejó a la deriva el suministro para albergues de ancianos y comedores populares?
Reitero que todas estas preguntas no son mías, sino que fluyen de los documentos del proceso de transferencia. Pero es obligación de quienes destrozaron Lima hacerse responsables de esto, y de más hallazgos sobre ineficiencia y corrupción, para que el daño causado a casi 10 millones de limeños no quede impune.
No es necesario ser partidarios de Castañeda Lossio. Como simples ciudadanos, no podemos permitir que sigan envileciendo la política sin responder por su pésima gestión. Mientras callen, no tienen autoridad moral.
