La campaña electoral del 2026 tendrá la particularidad no solo de poner en la oferta a más de 30 candidatos a la presidencia, sino también la de expresar exigencias de actores políticos y sociales transversales a la polarización tradicional.
Es seguro que la clásica confrontación política –esto es, derecha versus izquierda– se va a mantener durante la campaña, con momentos decisivos según los resultados de la primera y la segunda vuelta, y según cómo resulte la composición del Congreso, sobre todo del nuevo Senado. Dicho de otra manera, será una confrontación entre adversarios manifiestos que se conocen entre sí.
No obstante, habrá otra confrontación más soterrada, más difícil de medir y de representar explícitamente: aquella que se relaciona con la representación política de la minería informal e ilegal. La presencia de esta minería puede ser más determinante para el futuro del Estado y de la sociedad que otras inevitables confrontaciones que se rigen –o deberían regirse– por la Constitución y el Estado de derecho.
Una singularidad de la minería informal e ilegal es que ambas pueden financiar y participar directa o indirectamente en partidos de derecha, de izquierda o de centro. Esto ya ha sucedido, es cierto, pero también es verdad –y aquí está el quid del asunto– que nunca como hasta ahora esta minería ha constituido una fuerza política, económica y social tan visible, poderosa y con una gran influencia política, en especial en el último quinquenio.
Es sabido que hay una distinción entre minería informal e ilegal, sobre todo en cuanto a dónde ubican su explotación minera –la ilegal actúa en territorios prohibidos para la actividad–, pero a estas alturas es indispensable que la primera tome clara distancia de la segunda. La línea que las divide es tenue, pero justo por eso, políticamente hablando –y la campaña electoral es un proceso político– es importante abrir el espacio para que los partidos políticos y los mineros no formalizados se comprometan en una legislación y una estrategia que alienten la formalización y se enfrente a los poderes ilegales constituidos.
Así, pues, al margen de las diferencias políticas consabidas y la acostumbrada ‘polémica’ entre la derecha y la izquierda, el proceso electoral que se ha iniciado tiene el desafío de evitar que se consoliden las representaciones de los poderes ilegales y se debiliten aún más las reglas básicas de convivencia entre peruanos de derecha, de centro, de izquierda o del amplio grupo que dice que no sabe/no opina.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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