La transgresión, por Hugo Guerra

El Caso Tía María no está cerrado. El mensaje al país de Ollanta Humala solo ha servido para incrementar el desconcierto. Como ha resumido el caricaturista Carlín, el presidente ha dicho algo así como: “No puedo suspender ni imponer el proyecto, sino todo lo contrario”.

Es cierto que el gobierno no puede decidir unilateralmente la paralización de un proyecto que ni siquiera ha empezado, pero el Estado sí debe garantizar que el contrato se cumpla. Por tanto, el Ejecutivo incurre en incoherencia al asignarle toda la responsabilidad a la cuestionada Southern para que decrete una ‘tregua’ de 60 días.

Humala es susceptible de procesamiento (una suerte de ‘impeachement’) por transgredir el artículo 118, inciso 1 de la Carta de 1993, que dice: “Corresponde al presidente de la República: Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”. Sin embargo, durante casi dos meses ha permitido en Islay una ‘zona liberada’ bajo control de grupos claramente terroristas, cuyo accionar criminal secuestró y extorsionó a la población dejando muertos y heridos, sin que haya un solo detenido.

La presencia policial no subsana la transgresión. La operación fue pésimamente planificada: a los efectivos no se les dio alimentación, alojamiento ni viáticos adecuados y oportunos, tampoco se actuó con celeridad para evacuar a heridos y cadáveres. Además, no se midió la desproporción entre policías armados con balas de goma frente a terroristas (‘espartanos’ y honderos aparentemente entrenados por el chavismo y en buen número salidos del etnocacerismo) y se ha sometido a las Fuerzas Armadas a un rol extraño de tutelaje a la policía, so pretexto de controlar instalaciones estratégicas.

La democracia constitucional exigía que se decretase el Estado de emergencia. Era lo imprescindible, legal y legítimo. Humala no lo hizo, ¿por miedo?, ¿ineptitud?, ¿para no entrar en contradicciones con su etapa electoral? o ¿hay una estrategia malsana detrás, como forzar al Congreso a que se deleguen facultades extraordinarias al Ejecutivo?

Los terroristas antimineros están vinculados a un movimiento de gran envergadura dentro del país y fuera de él. Por ejemplo, se anuncia otro paro para fin de mes con el apoyo de siete regiones donde la izquierda extremista controla los frentes seudosociales y grupos paramilitares. A eso se suman los movimientos antimineros y de desestabilización agroindustrial del norte, la huelga del Sutep y la agitación universitaria. Mientras tanto, Arequipa está pagando una factura enorme: retracción del turismo, inversiones que no se darán, campaña agrícola en riesgo, pérdidas materiales, suspensión de clases y zozobra social.

¿Qué vendrá después? ¿Medidas desesperadas de un régimen que no sabemos si está a la deriva o si intenta crear condiciones de crisis total para interrumpir el proceso democrático en vísperas de las elecciones?

Con los antecedentes y pésima trayectoria política de este gobierno, por desgracia todo es factible. Por eso es urgente mantener unidad en defensa del sistema constitucional y exigir claridad presidencial, medidas coherentes y garantías para que el primer ministro, Pedro Cateriano, cumpla con su única función medular: encabezar a un gabinete que debe ser de salida y con el compromiso de que el humalismo se irá en julio del 2016.