Un generoso Ministerio de Economía

El Perú hoy crece muy por debajo de su potencial. Entre el 2005 y el 2014, el crecimiento económico promedio del país fue de 6,2%, y entre el 2015 y el 2024 ha sido del 2,4%. El Instituto Peruano de Economía ha calculado que, en el 2024, al crecer la economía en 3,3%, la pobreza se habría reducido aproximadamente en 1%. Es decir, hoy el Perú tendría un 28% de pobreza, cifra similar a la pobreza del 2011.

¿Qué necesitamos para reducir pobreza? Necesitamos crecimiento económico sostenido y necesariamente inclusivo. Es decir, que todos los peruanos puedan verse beneficiados con este crecimiento. Y para ello se requiere inversión privada y pública. Esta última enfocada en proveer servicios públicos y en cerrar la brecha de acceso a infraestructura. Pero se necesita, además, una gestión eficiente de los recursos fiscales. Esto implica, respetar las reglas fiscales. Cuando el crecimiento económico no es inclusivo, este beneficia solo a aquellas poblaciones más ricas, o aquellos que tienen acceso al poder y pueden capturar estos beneficios. Lo que debilita la confianza de las poblaciones excluidas en el sistema.

A diferencia de los últimos ministros de Economía (desde Pedro Francke hasta José Arista), el ministro José Salardi ha despertado el optimismo y la aprobación del sector empresarial. Y no necesariamente porque esté ordenando la casa, sino porque Salardi se siente muy cómodo con las exoneraciones fiscales. Por ejemplo, el ministro se ha comprometido a impulsar la nueva ley de promoción agraria que trae incluso más exoneraciones que la ley anterior, derogada en el 2020. Y aquí deberíamos ser honestos, el sector agroindustrial ha crecido enormemente gracias al empuje, la visión y las inversiones de los empresarios, y al hecho de que durante 20 años tuvieron beneficios. Sin embargo, desde la derogación de la norma, el sector ha seguido creciendo. Una nueva ley no solo no es necesaria, sino que es claramente una política que responde a ciertos privilegios.

Un segundo ejemplo es el impulso de las zonas económicas especiales (ZEE). El Congreso está por aprobar un proyecto de ley que considera la exoneración del Impuesto a la Renta, con la venia del MEF. El objetivo de esta nueva ley de ZEE es fomentar la inversión, la competitividad y el desarrollo socioeconómico, estableciendo beneficios tributarios y creando nuevas ZEE, como la de Loreto y Chancay. Sin embargo, la experiencia del Perú con las ZEE no es positiva. Porque los incentivos fiscales por sí solos no mejorarán la competitividad ni atraen gran inversión. Antes que depender de incentivos fiscales, es mejor lograr infraestructura que mejore la conectividad y la calidad de los servicios y que permita atraer la inversión de empresas importantes.

Y un tercer ejemplo es el ‘drawback’, que, si bien no es impulsado por Salardi, tampoco ha planteado una solución. El ‘drawback’ se ha convertido hoy en un subsidio ciego a la exportación y está concentrado en unos pocos exportadores. Nuevamente el abuso de un privilegio.

Este tipo de políticas fiscales genera un costo tributario a largo plazo y la potencial erosión de nuestros ingresos fiscales. Ingresos que son necesarios para invertir en infraestructura, en mejorar el acceso y la calidad de la salud y la educación, y en reducir la inseguridad ciudadana, entre muchos otros.

Un manejo fiscal responsable requiere de un Ministerio de Economía y Finanzas que promueva la inversión privada, impulse reformas sectoriales que permitan esa inversión, pero no a costa de exoneraciones y dádivas, porque al hacerlo corremos el riesgo de perforar las finanzas públicas.