Condenas sin condenados

Ayer, el Poder Judicial sentenció a un grupo de exfuncionarios responsables de la adjudicación de la línea 1 del metro de Lima, una obra licitada durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) a las empresas Odebrecht y Graña & Montero, por la que se pagaron más de US$8 millones en sobornos. Sin embargo, lo que constituye, sin duda alguna, una excelente noticia (hablamos, después de todo, de un fallo histórico que reafirma al Perú como uno de los países que más ha avanzado en conocer las implicancias del Caso Lava Jato) se vio empañada por la desaparición del principal condenado: el exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba.

Cuba abandonó el Perú el domingo 20 de julio con destino a Ecuador. Pudo atravesar la frontera sin inconvenientes, porque no tenía impedimento de salida desde enero pasado. Y nadie parece haberse preocupado por asegurar su presencia en el territorio nacional, pese a que desde hace al menos una semana ya se sabía que el Poder Judicial emitiría su veredicto el día de ayer. Pero lo ocurrido con Cuba es más grave si recordamos que hace solo tres meses otros dos procesados en la trama del Caso Lava Jato se escaparon antes de que conocieran su condena: la ex primera dama Nadine Heredia y su hermano Ilán. Lo que revela una falla crítica en nuestro sistema de justicia que, en el mejor de los casos, es incapaz de anticiparse a este tipo de situaciones y, en el peor, es cómplice de estas fugas.

Por otro lado, aunque los casos de Cuba y los hermanos Heredia son los más sonados, están lejos de ser excepcionales. En los últimos años, las autoridades han dejado pasar a la clandestinidad a personajes de relevancia pública, como el excongresista Michael Urtecho, el ex gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, y el exministro de Transportes Juan Silva. En el caso de los dos primeros, se les perdió el rastro poco antes de que el Poder Judicial confirmara en segunda instancia sus sentencias por corrupción. En cuanto a Silva, se esfumó antes de que las autoridades ordenaran su detención preliminar por 15 días, pese a que la policía tenía orden de vigilarlo. Una vez en la clandestinidad, además, no se los pudo ubicar.

Por supuesto que es positivo que nuestro sistema de justicia avance en el descubrimiento de la verdad en casos emblemáticos. Pero cabe preguntarse de qué sirve alcanzar estos fallos cuando los responsables terminarán escapando de la mano de la justicia. Pues, al final del día, fracasar en la tarea de que los condenados cumplan con los mandatos judiciales es también una forma de impunidad.