El último miércoles, en el pleno del Legislativo, ocurrió un episodio kafkiano. Esa noche se anunció que se había aprobado en segunda votación el dictamen de la Comisión de Economía que busca derogar la Ley 31143, que lleva el rimbombante título de Ley que Protege de la Usura a los Consumidores Financieros y que fue una de las tantas iniciativas lesivas que el Congreso extraordinario le legó al país en la primera mitad del 2021. Sin embargo, controversias en torno al conteo de votos han motivado que la próxima semana el tema se vuelva a discutir, de manera excepcional. Y, la verdad, ojalá que esta vez alcance los apoyos necesarios, pues hablamos de una reforma legal que, aunque impopular, es correcta.
En términos simples, la Ley 31143 obliga al Banco Central de Reserva (BCR) a fijar –de manera semestral– topes a las tasas de interés en el sistema financiero, una facultad que, dicho sea de paso, el BCR ya poseía, pero que no ejercía, y por una buena razón. Las tasas de interés pueden sonarles ajenas a los ciudadanos, pero en buena cuenta son el costo que las personas y empresas pagamos por el dinero que los bancos nos prestan. Como es obvio, quienes tienen más plata y un mejor historial reciben préstamos a tasas más bajas. Mientras que aquellos con escasos recursos y que recién están construyendo su historia crediticia suelen recibirlos a tasas mayores. Este no es un capricho de los bancos, pues el riesgo de que estos últimos no devuelvan el dinero prestado es más elevado, y el costo que tendrán que desembolsar las entidades financieras para ejecutar el cobro también.
En consecuencia, los principales perjudicados de la mal llamada “ley contra la usura” han sido justamente aquellas personas y empresas con menos recursos a los que los bancos, ante la circunstancia de que la tasa de interés no cubra el riesgo que significa desembolsarles dinero, han optado sencillamente por no darles préstamos. En mayo del 2024, el BCR calculó que, en términos gruesos, hablamos de medio millón de personas afectadas por la norma. Como bien señaló el Ministerio de Economía y Finanzas, además, la experiencia internacional demuestra que la demanda que queda afuera del sistema formal por los topes a las tasas de interés suele buscar el financiamiento que necesita en “la oferta informal de préstamos”, que tiene tasas de interés mucho más altas y que además implica métodos de cobranza violentos (como el famoso gota a gota).
Por todo lo dicho, la derogación de esta ley es de especial interés. Y ojalá que una mayoría de congresistas lo entienda así.
