Beneficio agotado

La llegada de Josué Gutiérrez al cargo de defensor del Pueblo estuvo rodeada de malos presagios y abundantes críticas. En un Congreso habitualmente dividido, él consiguió de pronto insólitos 88 votos… Pero a nadie se le ocurrió que ello fuera consecuencia de un particular prestigio académico o de una demostrada neutralidad en asuntos políticos. Gutiérrez, por el contrario, se había distinguido hasta entonces por su devoción a los líderes de los partidos en los que militó, sin importar los cuestionamientos o denuncias ante el Ministerio Público que pesaran sobre ellos. Como se recuerda, fue quizás el principal sahumador de Nadine Heredia en el Congreso durante del gobierno humalista y el abogado de Vladimir Cerrón hasta hace poco. Por eso, los respaldos que cosechó en el Legislativo fueron interpretados como producto de un entendimiento entre fuerzas opuestas –Perú Libre y Fuerza Popular, por mencionar solo los casos más extremos– para obtener ventajas ecuménicas.

Consciente de esa circunstancia, inició su gestión saludando “la participación activa en la política nacional de Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Somos Perú, Renovación Popular y otros partidos”. Y, ante las suspicacias que despertaba su eventual voluntad de agradecimiento hacia esas organizaciones, recitó: “Le pido al país el beneficio de la duda”. Pues bien, si tal beneficio le fue concedido por algunos sectores, es probable que, ante los últimos eventos relacionados con la institucionalidad de la entidad que encabeza, ya se haya extinguido. Cinco adjuntos han renunciado en menos de tres meses a sus cargos en la Defensoría del Pueblo por discrepancias con él, y la mayoría de ellas podría explicarse a partir de un ánimo de Gutiérrez por compensar a esos partidos por el apoyo que le dieron en su elección o de un afán por no chocar con sus intereses en el Parlamento.

Entre el 28 de junio y el 8 de setiembre, Carolina Garcés Peralta (adjunta para los Derechos de la Mujer), Alberto Cruces Burga (adjunto para Asuntos Constitucionales), Susana Silva Hasembank (adjunta para la Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado), Alicia Abanto Cabanillas (primera adjunta de la Defensoría del Pueblo) y Matilde Cobeña Vásquez (adjunta para la Niñez y Adolescencia) optaron efectivamente por dejar la función que desempeñaban y, según información recogida por este Diario, otros podrían seguir pronto su ejemplo.

¿Las razones? Ciertas contrataciones en la institución que sugieren las mencionadas “retribuciones” de parte de Gutiérrez a los partidos que lo llevaron al puesto, como, por ejemplo, las de Elizabeth Zea Marquina (integrante del equipo técnico de Fuerza Popular durante la segunda vuelta del 2021) como encargada de la Adjuntía en Asuntos Constitucionales, la de Juan Carlos Gonzales Hidalgo (personero legal de APP entre setiembre del 2021 y marzo del 2023) como secretario general de la Defensoría del Pueblo, o la de Rocío Marlene Santiváñez Acosta (parte del equipo técnico de Perú Libre durante la segunda vuelta del 2021). En el caso de Zea, además, modificando previamente el manual de clasificador de cargos de la defensoría para retirar requisitos con los que ella no cumplía.

A esto hay que sumarle, como anotábamos antes, llamativos silencios ante iniciativas del Congreso que han sido, por decir lo menos, polémicas. Como la que recortó a un año el tiempo de suspensión de la prescripción de delitos, o la que limitó la colaboración eficaz. En comunicación con El Comercio, el defensor ha descartado que las renuncias que comentamos hayan sido motivadas por discrepancias con él, pero los datos aquí consignados y la velocidad a la que todo se ha producido apuntan en sentido contrario. Como el ex defensor del Pueblo Walter Albán ha manifestado, “existe un riesgo de instrumentalización” de la institución que el Congreso dejó en manos de Gutiérrez y esa es una pésima noticia. Particularmente, en épocas en las que algunas garantías constitucionales se encuentran suspendidas en determinados lugares del territorio nacional.

Los ojos de la opinión pública se vuelven una vez más sobre el Legislativo y no para detectar a los responsables de un acierto, sino más bien a quienes, con sus votos, han abonado a esta sangría de profesionales en una institución clave para la democracia peruana.