Editorial El Comercio

La reciente crisis desatada por el cortocircuito en el sistema de luces de la pista de aterrizaje del ha levantado legítimas preguntas sobre el nuevo terminal que debe inaugurarse en ese mismo lugar el próximo 18 de diciembre. Supuestamente, y de acuerdo con , concesionaria a cargo de la obra, esas flamantes instalaciones nos pondrán a la vanguardia de la región en materia de internacionales, y asegurarán que un problema como el ocurrido a principios de este mes no se vuelva a producir. La palabra clave en esa aseveración, sin embargo, es ‘supuestamente’, porque la materialización de todo aquello que se supone despierta hoy diversas preocupaciones.

El último domingo, este publicó un informe en el que se revela, por ejemplo, que la pista de aterrizaje, que todavía no ha sido certificada, pese a que fue inaugurada en abril del año pasado por la presidenta tendrá 700 metros menos de lo originalmente planeado. Una circunstancia que, según LAP, obedece al hecho de que el no expropió los terrenos que hacían falta. Así, si bien la infraestructura tendrá casi 3,5 kilómetros de largo, solo 2,8 kilómetros de estos serán útiles para los aviones que aterricen desde la cabecera norte, debido a la instalación de los sistemas de luces necesarios para este tipo de pistas. Según ha declarado el jefe de la Dirección General de , a este Diario, esa extensión es “suficiente para todas las aeronaves” que aterrizan y despegan, pero no queda claro por qué, si en efecto es así, se consideraron en un inicio esos 700 metros adicionales. Cabe señalar, por otra parte, que la nueva torre de control tampoco ha sido certificada, y que el sainete de la semana pasada puso bajo el escrutinio público un problema con las lunas que se instalaron en esta y sobre las que la Organización de Internacional se pronunció advirtiendo que generaban un fenómeno de “distorsión óptica”.

A esos problemas se agregan otros. Como hemos podido comprobar en la crisis ya aludida, tenemos una –entidad estatal presuntamente encargada de operar y conservar los aeropuertos a su cargo, y de establecer, operar y administrar los servicios de ayuda a la aeronavegación en general– que hace agua. No en vano el titular del anunció el domingo el cambio de 15 gerentes de dicha organización. Y el hecho de que haya tenido nada menos que siete presidentes en cinco años habla de la precariedad y del criterio político que caracterizan su manejo. Bien sabido es, además, que los controladores aéreos de los que Córpac dispone son pocos y no tienen interés en que esa situación cambie, pues así pueden hacer horas extras: un cuadro que puede resultar ventajoso para ellos (particularmente, habida cuenta de que sus sueldos normales están por encima de los de sus pares en la región), pero no para quienes reciben el servicio que brindan. El cansancio plantea un riesgo muy alto en quienes se dedican a tareas tan delicadas; no olvidemos que, en el 2022, tres bomberos murieron tras un accidente en la pista de aterrizaje por un problema de coordinación que se incubó mientras personal de Córpac dormitaba en la torre de control.

Y están, finalmente, los inconvenientes que se derivan de la escasez de vías para acceder al nuevo terminal. El puente , como se recuerda, solo estará terminado en algún momento del 2026 y, mientras tanto, se anticipa el uso de puentes modulares que corren el riesgo de volverse permanentes. Además del problema planteado por la llegada de la del al antiguo terminal, en vez de al nuevo.

Así las cosas, el despegue de la moderna obra que nos han prometido se presenta difícil. Los problemas de siempre amenazan con opacar en seis meses la inauguración de una obra largamente esperada. Y en el Gobierno no parecen tener un plan de contingencia al respecto. Los afanes por apagar tardíamente los incendios que se producen en la administración de la parte ya existente del aeropuerto Jorge Chávez darían la impresión de estar consumiendo todas sus energías.

Editorial de El Comercio

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