Hasta ahora, la oferta electoral de Pedro Castillo se ha caracterizado más por aquello que pretende destruir que por aquello que busca mejorar o construir. La campaña del aspirante a la presidencia por Perú Libre ha apuntado a la desactivación del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, a la derogación de la reforma magisterial, a la “revisión” y “corrección” del trabajo de la Sunedu, a la disolución del Poder Legislativo si este no procede a su gusto en su búsqueda por convocar una asamblea constituyente y, asimismo, a la sustitución del actual modelo económico por fórmulas que en el pasado han demostrado ser incapaces de generar bienestar para la ciudadanía.
El lunes, el candidato añadió dos instituciones a su lista: la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dos organismos encargados de velar por la salud de nuestro sistema de transportes. “Que nuestros mototaxistas no estén sufriendo [...] hay que desactivar esta Sutrán abusiva, hay que desactivar esta ATU de Lima, hay que hacer la verdadera reingeniería de transporte”, fue lo que dijo desde Chiclayo. Una clara contorsión populista que, de llegar a Palacio de Gobierno y cumplirla, solo le daría oxígeno al caos vehicular en nuestro país, generado por la informalidad y la precariedad de algunos de los servicios que se ofrecen y responsable de la muerte de miles de ciudadanos cada año, a causa de accidentes muchas veces propiciados por las pésimas condiciones en las que se conducen centenas de coasters, buses y colectivos.
A pesar de que el señor Castillo ya nos tiene acostumbrados a escuchar sus intenciones sin referirse a las acciones (lícitas) que tomará para alcanzarlas o a los criterios técnicos que su equipo (también desconocido) ha elaborado para concretarlas, que insista en ello no deja de llamar la atención. En este caso, sin embargo, es sencillo entender sus objetivos: al fin y al cabo, el Parlamento actual ya patentó hace mucho la promoción de medidas disparatadas con el fin de obtener aplausos de la tribuna. Es claro que el candidato busca hacerse de los votos de los ciudadanos, muchos de espaldas a la legalidad y a la provisión de servicios de calidad, que hoy son fiscalizados tanto por la Sutrán como por la ATU.
No es gratuito, pues, que el postulante se haya referido directamente a los mototaxistas, muchos de los cuales también se sumaron al paro liderado por los transportistas de carga pesada en marzo pasado para reclamar, entre otras cosas, una amnistía por las multas impuestas por la Sutrán. Como ellos, habrá miles de infractores que preferirían ver desaparecer a la institución que los vigila en lugar de cumplir con las normas vigentes, cuya aplicación es el principal objetivo para la institución en cuestión a fin de favorecer a los usuarios.
La animosidad contra la ATU es más preocupante. Se trata de un organismo relativamente nuevo que se plantea una meta por la que muchos especialistas, y este Diario, han abogado: un solo organismo que organice, implemente y gestione el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao. El sistema con múltiples cabezas, con competencias cruzadas entre los municipios, los ministerios y diversos organismos estatales, sencillamente no funcionaba y era terreno fértil para el caos. Asimismo, era una pesadilla para los proyectos de inversión, al tener que navegarse una maraña de jurisdicciones burocráticas entre distintas autoridades para obtener resultados.
¿Qué reemplazaría a la ATU? Castillo se refiere a una “reingeniería” del transporte, pero no ahonda en detalles. ¿Volvería a ser todo igual que antes? ¿Quién supliría a la Sutrán? ¿Se seguirá enfrentando la informalidad?
Sobran preguntas y faltan respuestas. El plan de gobierno de Perú Libre ni siquiera menciona a las instituciones que Pedro Castillo ha anunciado que desactivará y el capítulo que le dedica al transporte es sumamente vago. Todo apunta a mayor improvisación e incertidumbre. Marcas registradas de este candidato.
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