El presidente Martín Vizcarra juramenta a sus nuevos ministros de Justicia, Energía y Minas, Educación, y Transportes y Comunicaciones, ayer, en Palacio de Gobierno. (Foto: Hugo Curotto/GEC).
El presidente Martín Vizcarra juramenta a sus nuevos ministros de Justicia, Energía y Minas, Educación, y Transportes y Comunicaciones, ayer, en Palacio de Gobierno. (Foto: Hugo Curotto/GEC).
Editorial El Comercio

Los ministros, suele decirse, son los fusibles de un gobierno. Cuando se produce un cortocircuito en los sectores que encabezan, ellos ‘vuelan’ para evitar que el problema escale y ponga a todo el Ejecutivo en crisis. La idea es cambiarlos rápidamente para volver a la normalidad y atenuar, en la medida de lo posible, el costo político del desaguisado que suscitó originalmente la turbulencia.

Ese recurso, sin embargo, pierde eficacia si, producido el cortocircuito, el fusible –siempre hablando en lenguaje figurado, por supuesto– se limita a expresar una disposición a ‘volar’ y la decisión del eventual cambio demora hasta convertirse en un problema en sí misma.

La reflexión viene a cuento a raíz del berenjenal suscitado ayer dentro del Gabinete que encabeza Vicente Zeballos y que terminó con de las carteras de Justicia, Educación y Transportes y Comunicaciones (MTC), que se suman a la del defenestrado . Pero recapitulemos.

Desde la mañana comenzaron a correr rumores de que, en la estela del sismo desatado por la entre los representantes de Odebrecht y el entonces titular del Minem, Juan Carlos Liu Yonsen, varios ministros dejarían el Gabinete. Como se sabe, tanto el para el Caso Lava Jato Jorge Ramírez como el propio exministro se encargaron de revelar en los últimos días que ellos no habían sido los únicos funcionarios estatales enterados de la cita o involucrados en su organización. Sus testimonios, en efecto, dejaron en una posición más que incómoda a la responsable de la cartera de Justicia, Ana Teresa Revilla, y al ministro Zeballos, quienes habrían conocido del encuentro.

No obstante, conforme corrieron las horas, se supo que solamente se habían producido algunas renuncias a medias: Revilla, por ejemplo, había puesto su “cargo a disposición” y que sería el mandatario el que decidiría su continuidad porque él “es el que gobierna el país”, mientras que el titular del MTC, Edmer Trujillo (cuya permanencia en el cargo era cuestionada desde hace tiempo al de los presuntos pagos irregulares por la construcción del hospital de Moquegua), había presentado una carta en la que expresaba su voluntad de apartarse del cargo hacía días, y no había recibido respuesta.

La incertidumbre de la ciudadanía a esas alturas era total y la sensación de que en el Gobierno cundía el desconcierto, generalizada. ¿Por qué no cogía el presidente Vizcarra al toro por las astas y dejaba caer la parte del Gabinete que le estaba ocasionando problemas para reemplazarla con personas que le inyectaran nuevo oxígeno a su gestión? Lejos de obtener una respuesta, la pregunta que tanta gente se hacía adquirió de pronto una dimensión más profunda, pues a mitad de la tarde más de un medio apuntaba a que habían puesto sus cargos a disposición. Un ofrecimiento que finalmente solo fue concretado en el caso de la ministra de Educación, Flor Pablo, cuya salida todavía no ha tenido una explicación oficial y que seguro conoceremos al detalle en los próximos días.

La verdad, empero, es que todo el lío que contemplamos los peruanos ayer no es otra cosa que la constatación de que el Gobierno ni siquiera tiene clara su posición respecto al tema que desencadenó la deserción, por lo menos, de los ministros Liu y Revilla. O dicho en otras palabras, si, por un lado, el encuentro entre Odebrecht y el ministro Liu –del que, como mencionamos, estaban al tanto otros miembros del Gabinete– era pernicioso, el Ejecutivo sencillamente no debió aceptar que alguien acudiese a la cita. Si, en cambio, esta no tenía nada de venenosa, entonces no tendría por qué haber generado los recambios de anoche.

Más allá de los cambios ministeriales de anoche queda la sensación agria pero indeleble de que el Gobierno no actúa de manera transparente.