Editorial: Delitos y motocicletas

En una ciudad como la nuestra, gobernada por el caos vehicular, cualquier servicio de transporte que se presente como un conveniente atajo para llegar antes a nuestros destinos siempre resultará atractivo. De esta realidad saca provecho el negocio de taxis por aplicativo Picap, que pretende ofrecer a sus clientes viajes en motocicleta para sortear la congestión de nuestras calles… Pero lo hace yendo en contra de la ley y, como informó un reportaje publicado en este Diario esta semana, amparando la comisión de otros graves abusos y delitos.

En efecto, como parte de su campaña #NoTePases, El Comercio ha venido informando sobre las actividades del referido servicio de transporte que, además de infringir la ley ofreciendo taxis en un tipo de vehículo no autorizado para ese fin –motos lineales–, ha demostrado poca prolijidad a la hora de reclutar a sus choferes. De hecho, uno de nuestros periodistas logró enrolarse como colaborador sin saber manejar, sin brevete y sin siquiera tener una motocicleta.

Empero, lo peor de este caso lo dimos a conocer el miércoles pasado, a partir de los chats de WhatsApp que compartían los colaboradores de Picap con su representante en el Perú. En estos, los conductores no solo organizaban ataques para tomar paraderos “con fierro” y con piedras, sino que también compartían datos personales de sus clientas (acompañados de frases salaces), promovían el acoso, compartían presunta pornografía infantil y se vanagloriaban de su consumo de drogas.

Ante esta situación el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió el jueves un decreto supremo que busca frenar la actividad aquí descrita. En concreto, la medida hace mayores precisiones sobre los vehículos que tienen permitido hacer taxi “y establece disposiciones sobre el bloqueo de aplicativos y/o páginas web” desde los cuales se solicitan los viajes.

Sin embargo, lo que este trance termina por enfatizar no es solo la vigencia de ciertas conductas ilegales en nuestra ciudad, sino también un problema mucho mayor y que hemos comentado en más de una ocasión desde esta página: la precariedad de nuestro transporte público y la mediocre fiscalización que ejercen en nuestras vías las autoridades pertinentes. Si bien es importante que el MTC haya tomado acciones concretas contra Picap y quienes ofrecen servicios similares, es claro que estas no traerán resultados si no están acompañadas de una fiscalización severa. Al fin y al cabo, el problema no es la ausencia de normas, sino lo poco que estas se cumplen.

Al mismo tiempo, tanto el MTC como la Municipalidad de Lima tienen que reparar en que si estas opciones ilegales existen es porque hay una demanda que no está siendo satisfecha por el sector formal. Síntoma de ello, por ejemplo, fue el conato de suspensión del servicio que protagonizaron cuatro de los cinco corredores complementarios la semana pasada, en protesta por la falta de exclusividad en las vías. A este sistema le cuesta competir con el transporte ilegal porque este último cuenta con más unidades y logra moverse más rápido por la ciudad (según Lima Cómo Vamos, el corredor azul puede llegar a desplazarse a 7,2 km/h).

Además, tampoco podemos pasar por alto la bancarrota ética de los empresarios que avalan y conducen este tipo de negocios ilegales. En una economía en la que se procura que la competencia sea justa, es clave que quienes participan respeten las reglas de juego y se aseguren de no estar operando en detrimento de la ciudad y, sobre todo, del Estado de derecho. El representante de Picap en el Perú debió denunciar lo que se fraguaba en los mencionados chats hace mucho y es lamentable que ello no haya ocurrido.

Así las cosas, es claro que este caso es apenas un síntoma de una enfermedad mucho más grave: nuestro sistema de transporte está en crisis y también lo están la ley y el cumplimiento de ella.