El presidente Pedro Castillo participa en una actividad pública junto al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, el pasado 14 de febrero. (Foto: Presidencia Perú).
El presidente Pedro Castillo participa en una actividad pública junto al ministro del Interior, Alfonso Chávarry, el pasado 14 de febrero. (Foto: Presidencia Perú).
Editorial El Comercio

Desde la campaña, la importancia que le dio la candidatura de al problema de la fue exigua. Como sabemos, el espacio que ocupó este tema en el plan de gobierno que Perú Libre le presentó a la ciudadanía en las elecciones del año pasado fue ínfimo, mientras que su presencia en el Plan al Bicentenario de la segunda vuelta fue más bien nula.

La situación, sin embargo, no mejoró con la asunción del presidente Castillo, que en su primer mensaje a la nación lanzó tres ideas desconectadas y tremendistas al respecto: expandir el sistema de rondas campesinas, dar 72 horas a los delincuentes extranjeros para dejar el país y enviar a los jóvenes que no estudian ni trabajan al servicio militar. De más está decir que ninguno de estos anuncios vio la luz. Por lo que, como se ve, la orfandad de una estrategia clara, viable y articulada en materia de seguridad ciudadana es todavía una de las grandes deudas de esta administración con el país.

Lo anterior, claro está, no ha evitado que algunas voces dentro del Ejecutivo hayan formulado o decretado medidas que destacan por aspectos como su extravagancia o por el riesgo potencial que entrañan en la práctica. Ninguna de estas, dicho sea de paso, parece sostenible a largo plazo y lucen más bien como medidas efectistas antes que efectivas.

Empezando por la más reciente. Ayer, el presidente del Consejo de Ministros, , afirmó que el personal del serenazgo “previa preparación y selección”. “La seguridad ciudadana no es tarea solamente de la Policía Nacional”, sostuvo. Aunque después el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, agregó que estas serían “no letales”. Unos días atrás, el presidente Castillo había anunciado –en blandiendo un chicote– que “vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande”.

Como se ha advertido cada vez que la idea de militarizar la lucha contra la inseguridad ciudadana ha sido puesta sobre el tapete, el personal de las FF.AA. no está entrenado para esta labor, pues su formación está concebida para neutralizar otro tipo de amenazas con características y dinámicas particulares. Ponerlos a combatir la delincuencia común podría generar más problemas que soluciones. Y lo mismo se puede sostener para el caso de los serenos. A estas alturas no sorprendería que mañana el Gobierno airee sus intenciones de armar también a los bomberos.

Hace unos días, además, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, informó que se había aprobado en Consejo de Ministros la ley para prohibir que dos personas puedan y que los motoristas puedan portar armas de fuego “así tengan licencia de Sucamec”. El impedimento es una respuesta a los impactantes asaltos en moto que hemos visto en las últimas semanas. Así, se opta por una medida facilista, restrictiva y que afectará a todos esos ciudadanos que usan este tipo de vehículos para sus actividades diarias y que deben pagar los platos rotos por la incapacidad de sus autoridades para cumplir una de sus obligaciones más básicas.

Por otro lado, hace dos semanas que se ha decretado para Lima y el Callao y seguimos sin conocer las motivaciones, la estrategia y los primeros resultados de una disposición que parece dictada para la tribuna. Como también pareció una exhibición para las cámaras el frustrado intento del Gobierno por expulsar a , muchos de ellos detenidos a último momento para darle más realce a la medida.

¿Por qué el Gobierno insiste con disposiciones que claramente no atacan el problema de fondo ni conforman una estrategia articulada y sostenible en el tiempo? Quizá porque no tiene nada más en la guantera y prefiere echar mano de la primera medida que pueda dar la sensación de que algo está haciendo. Hay que decir, sin embargo, que la inseguridad ciudadana no está para shows y que contar con una estrategia equivocada puede resultar tan peligrosa como no tener ninguna.