La técnica del Congreso

Mucho se ha dicho en los últimos días sobre la distribución de las comisiones parlamentarias para la legislatura que recién se inicia. Se ha hablado, por ejemplo, del interés –que solo quedó en eso, un interés y nada más– de Perú Libre por manejar la Comisión de Constitución, del liderazgo de la Comisión de Fiscalización, que ahora detentará el partido del lápiz, y de la presidencia de la Comisión de Ética, que pasará a las manos de la bancada de Unidad y Diálogo. Lo que, por el contrario, no ha generado mayor controversia es la situación de la Comisión de Economía, quizá porque seguirá estando manejada por Fuerza Popular. Esta circunstancia, sin embargo, sí merece un comentario de nuestra parte.

Un análisis realizado por este Diario y publicado en nuestra edición de hoy da cuenta de que el 78% de los dictámenes aprobados en ese grupo de trabajo y que ya se encuentran listos para ser debatidos en el pleno han salido adelante pese a las opiniones técnicas desfavorables y a las observaciones que han recibido de otras instituciones. Entre estos dictámenes se encuentran algunos que podrían tener un gran impacto en los bolsillos y los ahorros de los peruanos, como el de la reforma del sistema de pensiones (que acumula 35 proyectos, varios de ellos observados por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva, entre otros), el que busca promover la culminación de las obras públicas paralizadas en el ámbito nacional (observada por el Ejecutivo) o el que introduce cambios en el procedimiento para determinar el sueldo mínimo.

El grupo de trabajo, además, tiene otros 447 proyectos de ley en carpeta pendientes de evaluación y debe decidir cómo proceder respecto de la autógrafa observada por el Ejecutivo sobre la ley que permite la devolución parcial de fondos a extrabajadores del Fonavi. Esta autógrafa ha sido observada, entre otras razones, por tener iniciativa de gasto y por ratificar leyes que han sido declaradas inconstitucionales. Particularmente, estos son dos de los vicios que han cultivado las diferentes representaciones nacionales en los últimos años (otra es la de no formular un análisis costo-beneficio de sus propuestas). Pese a que se repite hasta el cansancio, por ejemplo, que los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto, muchas veces estos simplemente optan por hacer oídos sordos de ese recordatorio e impulsar leyes que luego son, previsiblemente, descartadas por el Tribunal Constitucional.

Por supuesto, este mal hábito no es exclusivo de la Comisión de Economía. Este Diario reveló a inicios del mes pasado que casi la mitad de las 347 leyes aprobadas en el pleno durante la legislatura anterior salieron adelante pese a tener observaciones técnicas. Entre ellas, había leyes como la que deforma la colaboración eficaz, que salió adelante pese a las advertencias formuladas por el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, o la que determinó el nombramiento automático de docentes, a pesar de que el Ministerio de Educación había alertado que afectaba la meritocracia en el sector.

Quizá los congresistas crean que la facultad que les confiere la Constitución para legislar equivale a una suerte de carta blanca en la que sus criterios pueden imponerse sobre los de organismos que están técnicamente más capacitados para analizar y formular propuestas en ciertas materias, como la económica. La realidad es que esta tentación por aprobar leyes observadas o con opiniones técnicas desfavorables de otras entidades solo para congraciarse con ciertos sectores de la ciudadanía y obtener algunos aplausos le termina haciendo un daño enorme al país a la larga. Ya es hora de que esta técnica congresal de ignorar las advertencias de otras voces más calificadas para ciertos asuntos se termine.