Mirian Morales, secretaria general del Despacho Presidencial desde el 24 de marzo del 2018, llega a la sede del Congreso para presentarse ante la Comisión de Fiscalización por el Caso Richard Swing, el pasado viernes. (Foto: Mario Zapata/GEC).
Mirian Morales, secretaria general del Despacho Presidencial desde el 24 de marzo del 2018, llega a la sede del Congreso para presentarse ante la Comisión de Fiscalización por el Caso Richard Swing, el pasado viernes. (Foto: Mario Zapata/GEC).
Editorial El Comercio

Cuando todavía nadie ha proporcionado explicaciones convincentes sobre cómo Richard Cisneros consiguió con el Ministerio de Cultura para realizar tareas de dudosa utilidad desde que llegó a la presidencia, otro problema de contrataciones en el Estado en las que parecería haber existido un favorecimiento más que cuestionable roza de cerca al mandatario.

Si en el caso anterior lo que llamaba a sospecha era la circunstancia de que el personaje favorecido hubiese estado asociado al hoy presidente de la República durante la campaña electoral del 2016 (un hecho que, permitió que tuviese “una participación en algún nivel del Gobierno”), esta vez la información comprometedora llega hasta el despacho presidencial, pues es la secretaria general del mismo quien ha sido señalada como la responsable de una serie de contrataciones que beneficiaron a la hermana de su expareja (o, si se quiere, a la tía de su hija).

La señora fue, en efecto, hasta el 2017 pareja de Jorge Mere Vidal, con quien tiene una hija; y ese mismo año, mientras era funcionaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) contrató a la hermana de este, Claudia Teresa Mere Vidal, para que trabajara directamente con ella. En ese momento la señora Mere Vidal, que se había registrado como proveedora del Estado solo 20 días antes, no tenía título profesional (ahora es ingeniera industrial) y trabajaba como coordinadora de proyectos en un establecimiento comercial. Se le asignó un sueldo de S/4.500 para realizar encuestas por 45 días.

Meses más tarde, cuando Morales llegó a la Secretaría General del despacho presidencial, las perspectivas laborales de Mere mejoraron sensiblemente: nuevamente el MTC le extendió una orden de servicios por S/22.500 por tres meses de servicios profesionales. Su relación con el mencionado sector se prolongó hasta el 2019, pues se le pagaron S/6.750 por ofrecer capacitaciones y charlas informativas en Piura a lo largo de 27 días; y existen, asimismo, otras órdenes de servicios por 88 días y que alcanzan los S/25.500.

Entretanto, la situación de Jorge Mere Vidal, que prestaba servicios al Estado desde el 2009, también mejoraba. De haber tenido un sueldo de S/2.000, registró bajo este Gobierno pagos de entre S/15.000 y S/20.000 por órdenes de servicios por tres meses en el Programa de Agua Potable y Saneamiento para la Amazonía del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Mere Vidal es diseñador gráfico especializado en publicidad.

La pregunta clave en todo esto es, por supuesto, si la secretaria general del despacho presidencial tuvo algo que ver con las contrataciones de estas personas evidentemente allegadas a ella. En lo que concierne a la primera de ellas –la de Claudia Teresa Mere Vidal por el MTC a fin de que trabajase directamente a su lado–, las dudas son pocas. Y en todos los otros casos, la cercanía de Morales con el presidente Vizcarra y el poder que ese vínculo le contagia, demandan una investigación con lupa.

Resulta muy inquietante, desde ya, el hecho de que, días atrás, al ser citada por la Comisión de Fiscalización del para declarar sobre su reunión con el ya mentado Richard Cisneros, la señora Morales, ante la pregunta de si había influido para la contratación de algún familiar o amigo en entidades del Estado, respondiese: “No, en absoluto”.

De acuerdo con los hechos aquí consignados, no parece ser esta una respuesta que se ajuste a la realidad, y eso es particularmente grave no solo en la medida en que compromete a la señora Morales, sino también por la sombra que arroja sobre lo que ocurre en el entorno del presidente.

Ojalá que las distracciones y las salidas políticas altisonantes desde el Ejecutivo no sirvan para acallar investigaciones que no por incómodas se hacen menos necesarias en este momento. La fiscalía y el Parlamento tienen la palabra.

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