La minería ilegal se acerca a la Mesa

Mañana se celebra la elección a la Mesa Directiva del Congreso, lo que significa que hasta hoy los postulantes a los cuatro asientos que conforman esta deben oficializar sus candidaturas. Según fuentes de este Diario, hasta el cierre de nuestra edición de anoche, el bloque que ha venido liderando el Parlamento en el último año ya habría definido su fórmula: estaría encabezada por Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) y las vicepresidencias recaerían en Patricia Juárez (Fuerza Popular), un congresista de Perú Libre todavía por definir y Alejandro Cavero (Avanza País). Dada la correlación de votos, partirían como la opción favorita para alzarse con el triunfo este viernes.

De ocurrir esto, sin embargo, estaríamos ante una mala noticia. Salhuana ni siquiera debería ser una opción para presidir un Legislativo que se halla ante una aguda crisis de credibilidad entre los peruanos después de la pobre gestión de su correligionario Alejandro Soto. Esto, principalmente, por sus vínculos con la minería ilegal, una actividad que en nuestro país, según la Unidad de Inteligencia Financiera, mueve anualmente alrededor de US$8.500 millones (más que el narcotráfico), depreda bosques, contamina ríos y genera un círculo nefasto de sicariato, trata de personas, explotación laboral y sexual infantil, y asesinato de líderes amazónicos.

En marzo, por ejemplo, el programa “Punto final” reveló que Salhuana y una de sus asesoras, Saby Meza, ejercieron la defensa legal del minero informal Eloy Saxi en Madre de Dios, una región azotada por este flagelo de la que, además, Salhuana es representante en el Parlamento. Ante la denuncia, Salhuana reconoció los hechos, pero indicó que se apartó de la defensa legal antes de su campaña al Congreso. Sin embargo, él mismo firmó un escrito como abogado de Saxi el 7 de junio del 2021, cuando la segunda vuelta de ese año ya se había celebrado, e incluso en el 2022 una notificación del Ministerio de Energía y Minas que tenía como destinatario a Saxi para una audiencia fue entregada en una dirección vinculada a Salhuana. Por este caso, la Procuraduría General del Estado solicitó en mayo al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que inicie diligencias preliminares contra el parlamentario.

Salhuana, por otro lado, fue el autor de la tristemente célebre ley aprobada en junio del año pasado para que la maquinaria incautada a los mineros ilegales no sea destruida inmediatamente, sino que pase al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) para que este, a su vez, lo asigne a los gobiernos locales y regionales de la zona donde se realiza la intervención. La norma fue observada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y, desde entonces, continúa en el Congreso. Según especialistas consultados por este Diario, la propuesta debilitaría la lucha contra la minería ilegal, pues al incluir a las autoridades locales en el proceso de la interdicción se corre el riesgo de que la información sobre los operativos se termine filtrando.

Y hablando de leyes a favor de la minería ilegal, las huellas de Salhuana también están en aquella que en marzo último derogó la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607 emitido por el Gobierno que facultaba a la policía a actuar en casos de tenencia ilegal de explosivos contra las personas acogidas al proceso de formalización minera que tuviesen su inscripción suspendida en el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera). Salhuana, que fue asesor legal externo de la Federación de Mineros de Madre de Dios, no solo votó a favor de la norma, sino que firmó en representación de APP para que el pleno revisara el tema el día en que se aprobó.

Por estas y otras leyes, existe entre una porción nada desdeñable de la ciudadanía la sensación de que este Congreso ha sido penetrado por los intereses de la minería ilegal. En ese sentido, encumbrar al parlamentario que más muestras ha dado de estar vinculado a esta actividad contribuiría a alimentar esta percepción y transmitiría el mensaje de que a los parlamentarios poco o nada les importa lo que la población piense de ellos. Y tan responsable por esto serían los que voten por Salhuana como quienes dieron el visto bueno para su nominación.