Universidades de papel

Es lugar común decir que el país está dividido, pero la verdad es que quien hable de polarización por lo menos al interior del Congreso no ha estado prestando suficiente atención. En la mayoría de asuntos relevantes –como el retiro de fondos de las AFP o el reciente rechazo a las mociones de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte–, los parlamentarios suelen encontrar posiciones mayoritarias sólidas, para bien o para mal.

El mismo espíritu corporativo se exhibe en el interés en impulsar proyectos de ley para la creación de universidades públicas. Según el informe que destaca hoy este Diario, 10 de las 11 bancadas que conforman el Congreso han presentado 131 iniciativas para tener nuevos centros de estudios superiores a lo largo del país. Tal número más que triplica la cantidad actual de universidades públicas en operación. Perú Libre ha sido el impulsor de 47 de estas iniciativas, mientras que Perú Bicentenario, Acción Popular y el Bloque Magisterial suman 49 entre las tres agrupaciones. Solo en los últimos dos meses, el Parlamento ha aprobado 13 disposiciones para universidades públicas adicionales, de las que tres fueron ya promulgadas. El Ejecutivo no siempre las objeta.

Destaca el empeño del congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) en estos esfuerzos. El también segundo vicepresidente del Congreso impulsa la Universidad Nacional Autónoma de Chupaca (UNAC), su lugar de nacimiento, y, desde el 2022, la creación de la Universidad Nacional Autónoma Jaime Cerrón Palomino (UNAJPC), en honor a su padre. Que las relaciones filiales de los miembros del Congreso puedan primar en el nombramiento de instituciones públicas dibuja el grado de envanecimiento de algunos parlamentarios. Américo Gonza, colega de bancada de Cerrón, ha presentado por su lado al menos cuatro otros proyectos de ley para universidades en Cajamarca y en los distritos limeños de Ancón, San Juan de Lurigancho y Ate.

Las iniciativas, en términos prácticos, parecen ser poco más que un saludo a la bandera o una declaración de buenas intenciones. Las potenciales universidades carecen de presupuesto, de planes para articular la oferta educativa con la demanda laboral en sus zonas de influencia, y de estudios técnicos. Sin tales insumos básicos es imposible que se ponga la primera piedra de la facultad, y los congresistas lo saben.

Pero que sean normas meramente declarativas no implica que no tengan consecuencias. Estas crean expectativas sobre la ciudadanía de la zona e incluso legitiman que, luego, las promesas de universidades sean usadas como herramientas de negociación en futuros escenarios de conflicto. Las expectativas frustradas alimentan el malestar ciudadano, mientras que el congresista autor de la norma declarativa les comenta a sus votantes que él cumplió con impulsar la casa de estudios. Es un sistema perverso.

Si el Congreso tiene un interés real por mejorar la capacitación de los jóvenes peruanos en educación superior, los espacios obvios para empezar son la ampliación de las plazas con mejor salida laboral en la región, la articulación de la formación educativa con las necesidades de las empresas cercanas, y el impulso a la educación técnica. Sin embargo, como los tres temas suenan menos atractivos que la creación de una nueva universidad, no encuentran mayor cabida en el hemiciclo.

Si los congresistas no tienen mayor interés en adecuar sus ofrecimientos, corresponde al Ejecutivo, a los gobiernos regionales y a las universidades e institutos vigentes demandar más responsabilidad en el trato a la educación superior. Y también a los propios ciudadanos. Defraudar las expectativas de cientos de miles de jóvenes por provecho personal debería pasarle factura a cualquier político.