Plata al agua

Disimulado bajo el nombre de “operación de administración de deuda” y con una resolución ministerial publicada el domingo en “El Peruano”, el Gobierno ha vuelto a hacer lo que tantas veces ha dicho que no haría: lanzarle un rescate financiero a Petro-Perú, con dinero de los contribuyentes. Esta vez ha dispuesto la emisión de bonos internos por más de 287 millones de dólares con vencimiento programado para el 2034 y cuya colocación será a través de oferta privada destinada exclusivamente al Banco de la Nación. La resolución lleva la firma del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, quien después de haber capitulado en lo concerniente al octavo retiro de fondos de las AFP, parece decidido a liquidar la poca credibilidad que tenía al asumir el cargo.

Si consideramos los miles de millones de dólares de pérdida acumulada por la petrolera estatal en los últimos tres años, la cifra comprometida esta vez puede parecer pequeña. Pero, aparte de que sigue sin practicarse la cirugía mayor que haría falta para detener la conocida hemorragia de recursos, los expertos señalan que pronto la empresa en cuestión volverá a estirar la mano. Y una vez más, que no quepa duda, el Ejecutivo terminará haciendo lo que siempre hace: echando nuestra plata al agua.

Con tantas y tan serias necesidades en sectores fundamentales, como salud, educación y seguridad, el Gobierno prefiere dilapidar el dinero que recoge a través de los impuestos de esta forma. En el proyecto de ley de presupuesto para el 2026, por ejemplo, le ha asignado a la lucha contra el crimen más de 500 millones de soles menos que en el 2025. Por temor político o tozudez ideológica, esta administración ha optado por rehuir este problema y dejar su solución para quien llegue a Palacio en las elecciones del próximo año. Razón de más para pedirles a los candidatos propuestas claras y compromisos ineludibles a este respecto.

Mientras tanto, el Gobierno debería tener por lo menos el decoro de remover al señor Alejandro Narváez, presidente de Petro-Perú, que proclamó más de una vez que, bajo su mandato, la entidad no pediría ni requeriría nuevos rescates del Estado. Pero el decoro no es un valor que caracterice a nuestras actuales autoridades. Todo indica que, hasta el último día en que estén en el poder, la presidenta Boluarte y sus ministros seguirán disponiendo de nuestro dinero con la misma irresponsabilidad que hasta ahora.