Ayer, finalmente, el Poder Judicial dictó sentencia en el proceso que se le seguía al expresidente Martín Vizcarra por las coimas que recibió de dos empresas constructoras cuando era gobernador regional de Moquegua. La acusación sostenía, efectivamente, que Vizcarra cobró un soborno de S/1 millón para conceder la buena pro del proyecto Lomas de Ilo, y otro de S/1,3 para hacer lo propio a propósito del Hospital de Moquegua. El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional ha considerado que las pruebas y testimonios aportados por la fiscalía en cada uno de los casos son consistentes y ha desestimado también los argumentos de la defensa sobre el rol de la Unops en la firma del contrato del proyecto Lomas de Ilo, y sobre una supuesta relación de odio o enemistad entre los directivos de Obrainsa y el acusado.
En consecuencia, el exmandatario ha sido condenado a una pena privativa de la libertad de 14 años. Se trata, por supuesto, de un pronunciamiento en primera instancia que será apelado por sus abogados, pero en honor a la verdad, los elementos acusatorios son bastante consistentes y no le auguran al condenado una suerte distinta en la instancia superior. Durante el curso de la apelación, además, deberá purgar prisión efectiva. Con esto caen por tierra todos sus esfuerzos por presentar el proceso que se le seguía como una persecución política que no llegaría muy lejos.
Las primeras revelaciones sobre este caso fueron dadas a conocer en diciembre del 2019 a través de un reportaje de la Unidad de Investigación de El Comercio. En octubre del 2020 publicamos el testimonio de un primer colaborador que declaró sobre el pago de coimas a Vizcarra. Luego siguieron otros testimonios. Y el desenlace de esta historia es el fallo leído ayer.
Vizcarra, como se sabe, tiene otras investigaciones en camino que, en varios casos, le han valido ya inhabilitaciones políticas de parte del Congreso, y que podrán tardar también años en alcanzar un resultado en el ámbito judicial. Pero ya esta sentencia ha hecho que se le caiga la careta. Ninguna de las insignificancias que suele colgar en las redes podrá distraer a la ciudadanía del hecho incontrovertible de que la justicia lo ha encontrado culpable de corrupción. Una circunstancia que debe llamar a reflexión a quienes todavía lo tienen en alta estima, fundamentalmente porque mandó cerrar un Congreso que deploraban. La descalificación moral que acarrea esta condena es una infección contra la que no podrá vacunarse. Nunca más apropiado el famoso apotegma que suele recitarse en referencia a las demoras de la justicia y la inexorabilidad de su llegada.