Editorial: Una jornada clave en el jurado

A partir de hoy miércoles, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá resolver, en audiencia pública, las apelaciones presentadas por Fuerza Popular a los fallos que declararon improcedentes los pedidos de nulidad que el partido interpuso contra una serie de actas de votación. En gran medida, estas solicitudes fueron rechazadas por los jurados electorales especiales (JEE) de diversas circunscripciones por cuestiones de forma, que incluyen que hayan sido presentadas fuera de plazo y que no se haya cumplido el pago de la tasa de S/1.100 que se exige.

Como se sabe, se trata de un proceso que, por lo ajustado de los resultados de la elección del 6 de junio, bien podría decidir quién será el próximo presidente del Perú, y el trance viene acaparando la atención de todo el país. De hecho, simpatizantes de los dos candidatos en liza han venido manifestándose en las calles desde que Keiko Fujimori acusó la existencia de un “fraude en mesa”. Quienes la apoyan se han expresado en contra de las irregularidades que aseguran que han detectado y quienes respaldan a Castillo sugieren que se les quiere robar la victoria.

El clima permanece cargado y la desconfianza impera en ambos lados de la discusión y ahora, más que en otros procesos electorales, aquello que vaya a decidir el JNE cobra especial importancia. A la institución no solo le toca proclamar al nuevo jefe del Estado, también debe asegurarse de que el camino que nos lleve a ese desenlace no ponga en tela de juicio la gobernabilidad de la próxima gestión. Y por todo ello las audiencias de apelación que empiezan a partir de hoy son fundamentales.

En ese sentido, el jurado tendrá que cuidarse de no caer en errores que levanten sospechas sobre su propio proceder. Episodios como el del 11 de junio, cuando se propuso ampliar el plazo para presentar nulidades solo para desdecirse horas después, simplemente no pueden repetirse, y su objetivo debería ser lograr la máxima transparencia posible, por lo que pasar por alto el fondo de las demandas presentadas por Fuerza Popular por detalles de forma, como ha venido dándose en los JEE, está lejos de ser lo ideal.

Ya sea que se desestimen o se consideren procedentes, el país necesita que no quepan dudas de la asepsia del proceso electoral. Que las demandas sean descartadas, sin que se haga evidente que no hubo irregularidades en las actas cuestionadas, solo agudizaría las preocupaciones de ambas partes. Y en un contexto donde lo que se discute es la idoneidad del sistema democrático nacional, es claro que el costo de no maximizar la transparencia podría ser muy alto, con riesgos tangibles para la gobernabilidad.

La rigurosidad del JNE, por otro lado, también serviría para que la atención de la ciudadanía pueda, finalmente, centrarse en lo más importante: en la transición del poder. Por el momento, la incertidumbre ha hecho casi imposible concentrarnos en todo aquello que tendrá frente a sí el nuevo Ejecutivo y de lo esencial que será que actúe, no solo a favor de una transferencia fluida de la banda presidencial, sino también de la preservación de la estrategia para enfrentar la pandemia. En esa línea, también sería importante que las autoridades electorales sean eficaces. El jurado, por ejemplo, podría optar por resolver él mismo las controversias si finalmente decide admitir algunas de las demandas de Fuerza Popular. Devolvérselas a los JEE solo dilataría una situación que ya es insostenible.

En todo caso, hoy el JNE inicia una tarea harto sensible y sumamente importante. Lo que determine definirá el futuro del país y, sea cual sea el sentido de su decisión, tendrá que ser escrupulosamente respetado por los candidatos y sus simpatizantes. El Perú ya no puede soportar tanta incertidumbre.