Reserva perniciosa

La transparencia de la situación legal de los candidatos a los cargos de elección popular en los comicios del próximo año corre peligro por una decisión absurda de la Policía Nacional. A saber, la de declarar reservada toda la información de denuncias contenida en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales y el Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal por un plazo de cinco años. La medida se dispuso a través de una resolución directoral de la institución, emitida el 25 de agosto pasado, en la que se advierte que sin dicha reserva “se pondría en riesgo la finalidad esencial de la PNP”. Esto es, su tarea de prevenir, investigar y combatir la delincuencia en el país.

La verdad, no obstante, es que la situación es más bien la contraria. Las denuncias policiales tienen por objeto, entre otras cosas, hacer de conocimiento público la vinculación de una persona con determinados hechos presuntamente delictivos para hacer que la sociedad esté alerta frente a ella. Y esto, como decíamos, ha resultado particularmente útil en lo que concierne a los claroscuros de las hojas de vida de los postulantes a la presidencia o al Congreso en elecciones pasadas.

Habida cuenta de que los filtros dentro de los partidos que llevan a esos candidatos han funcionado reiteradamente de manera inadecuada, la prensa se ha valido de la información que ahora se ha declarado reservada para encender las alarmas sobre individuos con antecedentes o investigaciones sobre sus espaldas que querían acceder a posiciones de poder y eventualmente hasta conseguir ventajas para aliviar su situación legal. Si esta perniciosa reserva se mantiene, eso ya no podrá ocurrir antes del proceso electoral de abril y los ciudadanos estaremos ciegos ante amenazas muy serias. Todos sabemos que la minería y otras economías ilegales hace tiempo que rondan los partidos políticos para convertirlos en instrumentos de protección de sus intereses y, si con los recaudos hasta ahora existentes hemos obtenido representaciones parlamentarias como la que actualmente padecemos, es de imaginar lo que podría emerger de un proceso sin ellos.

¿Por qué ha tomado la PNP una decisión así? ¿Por pura falta de reflexión o por afanes embozados de proteger a cierto tipo de denunciados? La verdad es que las dos opciones son malas. La lógica sugiere que es una reacción a la mella de la imagen institucional derivada de la filtración de datos que se conoció hace poco. De ser esa la explicación, sin embargo, estaríamos ante un claro escenario en el que el presunto remedio es peor que la enfermedad que pretende curar.