Editorial El Comercio

Existe un consenso bastante difundido en el país acerca de la seriedad y el profesionalismo con el que trabaja el directorio del y, en particular, su presidente, el economista . En la Comisión de Presupuesto del , no obstante, hay quienes no se enteran de ello y, peor aún, ni siquiera de cuál es la labor que la referida institución debe cumplir. Este lunes, durante la concurrencia de Velarde a una sesión de esa comisión, tres de sus miembros, en efecto, le hicieron preguntas en las que resulta difícil determinar si era la ignorancia o la petulancia lo que más pesaba.

Por un lado, el parlamentario de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo Wilson Quispe, tras enrostrarle el sueldo que cobra mensualmente, le espetó: “¿Cuáles han sido las obligaciones legales o iniciativas del BCR para buscar apoyar el empleo dentro de la población?”. Entre tanto, la legisladora de Perú Libre María Agüero lo interrogó sobre las medidas que se estarían tomando en el BCR para que “la estabilidad de precios no implique una reducción del poder adquisitivo de los sectores populares”. Y, por último, el representante de la Bancada Socialista Alfredo Pariona le pidió responder por la falta de crecimiento económico en las zonas rurales y por la posibilidad de que quienes se estuvieran beneficiando con el crecimiento fuesen “integrantes de la Confiep”. En realidad, soltaron otras perlas, pero con las aquí anotadas es suficiente para mostrar que ninguno de los tres sabe cuáles son las tareas que la Constitución le encomienda al BCR y que ni siquiera se tomaron el trabajo de prepararse antes de la visita del presidente de su directorio.

Educadamente, Velarde la responsabilidad principalísima de la institución que preside es controlar la inflación que deriva de factores domésticos, y que el empleo o el crecimiento económico le competen al Ejecutivo. No se detuvo, lamentablemente, a aclararle a la congresista Agüero que la estabilidad de precios es precisamente lo que impide que el poder adquisitivo de los peruanos se reduzca, pero no se le podía pedir que, aparte de fungir de profesor de economía, hiciera las veces de instructor de lógica…

Lo ocurrido, en fin, es vergonzoso, pero no debe quedar en una anécdota risible, porque revela las graves dimensiones de la falta de preparación de quienes elaboran las leyes del país, así como la vacuidad de su afán por cambiar una Constitución que evidentemente no han leído.

Editorial de El Comercio