Justicia y excesos

Cuando se piensa en democracia, es la elección libre de autoridades políticas lo que primero viene a la mente. Pero, siendo este un componente fundamental, posiblemente no sea el más difícil de conseguir dentro de una sociedad democrática. El reto más grande es el equilibrio de poderes y la autorregulación en el ejercicio de las facultades legales. Sin este balance, las instituciones democráticas se canibalizan unas a otras y se carcomen por dentro.

Hemos visto estas luchas fratricidas entre el Congreso y el Ejecutivo durante los últimos años, y ahora la estamos presenciando en el seno de los organismos de justicia. Hace unos meses, comentamos precisamente sobre estos excesos amparados en facultades legales a propósito de las investigaciones que el Congreso abrió en contra de los representantes de la Junta Nacional de Justicia. Ahora es el turno de diversos fiscales de ver sus posiciones comprometidas.

Este viernes, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió por ocho meses y medio al fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato y de las fiscalías contra el lavado de activos. Las razones expuestas para tal sanción –que parten de críticas públicas de Vela hacia resoluciones judiciales favorables a Keiko Fujimori– son endebles. Los comentarios de Vela se refirieron a asuntos de conocimiento público que habían sido ya ventilados en audiencias judiciales. Si bien el trabajo de los equipos a cargo de Vela ha sido lento y, a la fecha, muy poco eficaz, su suspensión ha tenido causas caprichosas y compromete casos emblemáticos para la justicia peruana como los de Alejandro Toledo, Martín Vizcarra, Susana Villarán y Keiko Fujimori.

Al mismo tiempo, la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), enfrenta también investigaciones de la ANC y la posibilidad de ser retirada del cargo. El procedimiento en su contra se basa en los viajes que Barreto hizo a República Dominicana y a Estados Unidos por diligencias de la investigación a Sada Goray. Estos, sin embargo, fueron autorizados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El Eficcop tiene a su cargo las carpetas fiscales de Pedro Castillo, sus exministros y allegados.

La misma trama –aunque con diferentes actores– continúa con Daniel Soria, titular de la Procuraduría General del Estado. Esta semana, una comisión ad hoc del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo suspendió por, presuntamente, incumplir con los requisitos necesarios para ocupar el cargo. Vale recordar que Soria había regresado al puesto en octubre del 2022 gracias a una resolución judicial, luego de que en febrero de ese año el gobierno de Castillo lo cesara por el mismo motivo como una represalia por pedir el inicio de investigaciones en torno del Caso Puente Tarata III.

Es cierto que ningún funcionario es indispensable, pero sistematizar el uso de procesos disciplinarios vacuos para separar del cargo a los que resulten inconvenientes es una práctica reñida con cualquier principio democrático. Esto es especialmente cierto si de quienes estamos hablando es de nada menos que de los responsables de investigar y presentar acusaciones –cuando sea el caso– contra algunas de las personas más poderosas del país. Y la suspicacia es mucho mayor cuando la percepción es que los fiscales en la mira de los órganos de control son justamente quienes han antagonizado con la fiscal de la Nación.

El abuso de las figuras legales de sanción es una constante de regímenes no democráticos, y ese es un camino que todos, independientemente del color político, debieran rechazar.