La Amazonía peruana se encuentra bajo las garras de excavadoras ilegales que devoran sus bosques en búsqueda de oro. Las cifras reveladas por un informe de Conservación Amazónica ACCA evidencian una realidad escalofriante: en Huánuco, la deforestación causada por la minería ilegal se triplicó en apenas un año: de 558 hectáreas en el 2024 a 1.763 hectáreas hasta agosto del 2025. Esta devastación no es casualidad, sino la consecuencia predecible de un Estado ausente y una política pública que por su inacción parece ser cómplice de esta economía ilícita.
El documento, cuyas cifras fueron analizadas por El Comercio, revela que la minería ilegal se ha expandido como una epidemia a nueve regiones amazónicas, afectando 250 cuerpos de agua y 73 comunidades nativas. Mientras Madre de Dios mantiene el funesto liderazgo con más de 11.500 hectáreas deforestadas, Puerto Inca emerge como la nueva “capital” de la minería ilegal, pues es a donde mineros expulsados de otras zonas acuden para operar con total impunidad.
La contaminación por mercurio añade una dimensión tóxica a esta tragedia. En el río Nanay, las 65 dragas ilegales vierten 1,4 toneladas anuales de este metal tóxico, contaminando el agua que consume la población local. Los estudios del Centro de Innovación Científica Amazónica confirmaron que 273 personas de cinco comunidades presentan niveles peligrosos de mercurio en sus organismos, un envenenamiento silencioso que condena a generaciones enteras.
¿Cuál ha sido la respuesta estatal? Una negligencia criminal disfrazada de buenas intenciones. El polémico Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lejos de solucionar el problema, lo ha perpetuado otorgando un barniz de legalidad a operaciones destructivas. Mientras tanto, los presupuestos para fiscalización ambiental se reducen y las fiscalías especializadas carecen de recursos básicos para operar en territorios remotos.
La minería ilegal genera más de S/108 millones mensuales solo en Loreto, superando ampliamente las ganancias del narcotráfico, con quien además mantiene alianzas estratégicas. Esta economía criminal no solo destruye ecosistemas irreemplazables, sino que corrompe el tejido social y debilita la autoridad del Estado.
El gobierno debe actuar con la urgencia que la crisis amerita. Es imperativo implementar un sistema de trazabilidad satelital del oro, triplicar los recursos para fiscalías ambientales y cancelar definitivamente el fracasado Reinfo. Cada día de inacción significa hectáreas de selva perdidas para siempre.
La Amazonía no puede esperar más. O actuamos ahora con decisión y recursos suficientes, o seremos cómplices silenciosos de la mayor tragedia ambiental de nuestra historia. El tiempo se agota, como se agota la diversidad y el aire que estos bosques ya no podrán brindarnos si no hacemos algo al respecto.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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