
Entre deslizamientos, inundaciones, huaicos, derrumbes y demás, las emergencias ocurridas en el país desde diciembre último suman 1.771. Y el saldo, hasta el momento –porque todavía quedan dos meses más de recurrencia de este tipo de fenómenos– es alarmante: 46 personas muertas, cinco desaparecidas, 8.598 damnificadas de alguna forma y 3.354 viviendas inhabitables. Además del puente de Chancay, otros 45 han sido destruidos por las lluvias y cuatro carreteras se mantienen bloqueadas (Cajamarca, Junín, Pasco y Ayacucho), mientras otras 35 tienen el tránsito restringido.
Las lluvias, por supuesto, no se pueden evitar, pero su impacto sí puede ser mitigado con acciones de prevención: una circunstancia para la que existen diversos presupuestos en los distintos niveles del Estado (gobiernos locales, regionales y ministerios), pues es bien sabido que esta situación se presenta cíclicamente en esta época del año.
Por increíble que parezca, sin embargo, tales presupuestos no se ejecutan cabalmente en ninguno de los mencionados niveles del Estado. Un informe publicado ayer por este Diario revela, por ejemplo, que, a diciembre del 2024, del fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Fondes) solo se gastó el 32,2%. En tanto, la ejecución del gasto de emergencia-fenómeno de El Niño (derivada de transferencias y créditos suplementarios originados en decretos supremos y de emergencia a inicios del 2024) se mantiene en un 65,3%, y el programa presupuestal (PP) 068 para la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres cerró en un 95%.
En lo que concierne a los gobiernos regionales, la ejecución de esos presupuestos llegó al 92%, pero en el caso concreto de varios de ellos, los niveles de cumplimiento estuvieron bastante por debajo de lo esperado: Callao (solo 50%), Áncash (76,1%) y Moquegua (77,9%). En lo que se refiere a gobiernos locales, la Municipalidad Provincial de Ferreñafe (Lambayeque) apenas usó el 13,5% de lo asignado; y la de Piura, el 37,3%.
Y en lo que toca específicamente al sector Transportes, uno de los más seriamente comprometidos con este problema en el Gobierno Central, a través de Provías Descentralizado, este ha informado que realizará la adquisición e instalación de 150 puentes modulares… en un período de tres años. El cuadro en la esfera de responsabilidad de otros ministerios, entre tanto, no es mucho más alentador.
Como se ve, lo que tenemos en realidad es una especie de prevención a la inversa. Es decir, improvisación, reacción tardía y ausencia de una autoridad responsable, que se prolongará por dos meses más. Y luego, al parecer, habrá de repetirse el próximo año y el siguiente y también el que venga después de aquel.

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