Por más que uno pueda tener posiciones políticas diferentes con la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), nada justifica el acoso que sufrió el fin de semana pasado. Mientras asistía a un local de entretenimiento en el distrito de Barranco, un grupo de personas se unió para forzarla a retirarse con insultos y agresiones. De acuerdo con la parlamentaria, le arrojaron además un vaso de vidrio. El congresista Luis Aragón (Acción Popular) acompañaba a Chirinos y sufrió también las ofensas.
Estas manifestaciones violentas no son aceptables, vengan de donde vengan. La democracia exige tolerancia, especialmente con los que no se coincide. Si la parlamentaria expone posiciones con las que se está en desacuerdo, hay canales políticos de respuesta y contrapeso (sobre todo el electoral). Si la preocupación es por su cercanía con presuntos hechos delictivos, los canales pasan por la fiscalía y el Poder Judicial. El acoso personal está fuera de lugar; es un abuso de la fuerza de grupo ante quien no se puede defender. Cumple también el objetivo perverso de amedrentar a las posibles víctimas y condicionar su comportamiento.
Lo mismo aplica, por supuesto, para grupos de hostigamiento como el llamado La Resistencia. Los acosos en residencias privadas son condenables (no olvidemos la que sufrió el periodista Beto Ortiz en el 2020). Anteriores parlamentarios como Carlos Tubino (Fuerza Popular), Ricardo Burga (Acción Popular) y Luis Alva Castro (Apra) fueron víctimas en su momento de violencia física políticamente motivada. En la gran mayoría de casos, se trata de ataques cobardes que se esconden luego en el anonimato de la turba de la que forman parte.
Igual de descaminado es el intento que se ha visto por justificar estas conductas. En el caso de la agresión a Chirinos, la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros durante la gestión de Pedro Castillo, Mirtha Vásquez, escribió en redes sociales: “En este contexto, en que a los ciudadanos nos han quitado todas las posibilidades de actuar institucionalmente contra la clase política corrupta, la sanción moral es una de las acciones más importantes que nos toca emprender. Que no se sientan impunes, porque así vamos a responder”. La condonación y legitimización del acoso (“sanción moral”) no son ni siquiera implícitas para Vásquez (siempre que se trate de alguien del bando político opuesto, por supuesto). ¿Insuflarían los mismos ánimos de horda si el vaso de vidrio arrojado hubiese llegado a destino? Porque el principio es el mismo y, una vez que se justifica acorralar y atacar al enemigo político en turba, de ahí a la violencia física hay un pequeño paso.
En momentos complicados para el país, un respeto ciudadano mínimo debe estar garantizado para todos los que participan en política. La agresión personal jamás debe sustituir las formas democráticas, propias de cualquier Estado de derecho, de solucionar diferencias. De cara a las elecciones generales que vienen, esta es una reflexión que los líderes políticos que no dudan en incitar a la violencia deberían llevarse a casa. O a su bar más cercano.