Editorial: El regreso del ‘Doc’

Si uno se viese forzado a hacer un listado de los personajes más nefastos para la vida nacional de las últimas décadas, este sin duda sería encabezado por el cabecilla terrorista Abimael Guzmán. Pero cerca del tope de la infame lista seguramente se encontraría también la oscura figura del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres.

Justo esta semana, cuando se cumplen 20 años desde su captura en Caracas, el personaje ha vuelto a ganar relevancia tras la difusión de audios en los que gestionaría tratos ilegales para afectar el proceso electoral en curso. No sin una cuota de ironía, este material fue divulgado por Fernando Olivera, quien dos décadas atrás marcó el inicio de la caída del régimen de Alberto Fujimori con la presentación de los llamados ‘vladivideos’, cargados de evidencia de corrupción masiva a cargo del asesor.

En concreto, en los audios recientes se puede escuchar al exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) sugerir a su interlocutor –identificado por Olivera como el comandante en retiro Pedro Rejas– que contacte con el abogado Guillermo Sendón. Este último tendría “conexiones con el JNE” y “llegada directa” a tres magistrados. Según el material propalado, el objetivo habría sido negociar con los representantes del JNE la admisión de los recursos de nulidad de mesas presentados por Fuerza Popular a cambio de un millón de dólares por persona para tres de los cuatro miembros del pleno del JNE. En declaraciones posteriores, Sendón reconoció tener amistad con el magistrado Luis Arce –quien esta semana declinó a continuar su trabajo en el JNE– y haberse reunido con Rejas, pero negó cualquier actividad ilegal.

Más allá de lo extraño de toda la escena, es lamentable que una figura tan funesta para el país como Montesinos, a pesar de estar cumpliendo condena de prisión efectiva en un penal de máxima seguridad, siga en capacidad de romper la ley, causar intriga, y complicar un panorama de por sí bastante difícil con el JNE. Los responsables directos de la situación son claramente quienes tenían por encargo custodiar al reo.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Marina de Guerra y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Montesinos pidió autorización para llamar a su pareja siguiendo los protocolos establecidos, y el permiso fue concedido. No obstante, ante la evidencia de que el recluso conversó más bien “con personas que no están registradas ni autorizadas”, se ha iniciado “una investigación para determinar si habría responsabilidad en el personal del Cerec (Centro de Reclusión de Máxima Seguridad)”.

Este episodio no puede pasarse por agua tibia. Si los audios y videos difundidos revelan una operación real para corromper el sistema de justicia electoral, el asunto es sumamente grave. Por otro lado, y al margen de la veracidad de las conversaciones, si un criminal de la talla y notoriedad de Montesinos es libre de coordinar ilícitos desde un penal de máxima seguridad, como ha sido ya reconocido por las autoridades, ¿qué garantías puede ofrecer el INPE sobre el control de las actividades del resto de reclusos?

Desentrañar las motivaciones reales y responsabilidades de los personajes involucrados directamente –y otros que quizá aún no salen a la luz– puede ser complejo, pero es claro que el Ministerio Público tiene que tomar cartas en el asunto. Si poner en marcha una operación criminal orquestada nada menos que por Vladimiro Montesinos para desestabilizar el proceso electoral –y con ello la base de la democracia– no amerita una investigación exhaustiva, nada lo hará.

Nota del editor: En la versión original de este editorial cuestionamos las garantías que podría ofrecer el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sobre el control del resto de reclusos del Cerec (Centro de Reclusión de Máxima Seguridad), tras lo ocurrido con Montesinos. Sin embargo, la institución a cargo de dicho centro es la Marina, no el INPE.