Regresar a lo mismo

“Apostamos por la legalidad y la formalidad; no daremos un paso atrás en ese objetivo, no cederemos a presiones, menos a chantajes”. Con estas palabras, la presidenta Dina Boluarte defendió hace 10 días la decisión del Ejecutivo de cancelar 50.565 registros del Reinfo que se encontraban suspendidos por más de un año. La mandataria precisó que, de ese total, alrededor de 45.000 inscritos llevaban más de cuatro años sin mostrar avances en el proceso, lo que significa, en buena cuenta, que no tenían interés en formalizarse y que posiblemente utilizaban el Reinfo como una fachada para realizar otro tipo de actividades.

Pues bien, poco después de que los mineros informales que durante días paralizaron el tránsito en varios puntos del país fueran recibidos en Palacio de Gobierno, el titular de Energía y Minas reconoció este miércoles que los más de 50.565 registros cancelados pueden apelar la medida hasta el 21 de julio. El ministro Jorge Montero ha asegurado que a los afectados les asiste este derecho y que el Ejecutivo evaluará estas apelaciones de manera ‘técnica’. Pero especialistas consultados por este Diario ya han advertido que podríamos estar ante un retroceso en el proceso de formalización que amenaza con reinstalar el statu quo que ha imperado en el sector en los últimos nueve años.

El panorama es preocupante, no solo porque existen razones de sobra para dudar de la capacidad ‘técnica’ de este gobierno, sino también por la posibilidad de que, en el marco de la “mesa de diálogo” que ha instalado con representantes de la minería informal y que se extenderá por dos meses, las autoridades continúen cediendo a sus solicitudes. De hecho, la Confemin –cuyo presidente, Máximo Franco Bequer, visitó Palacio el último lunes– ha solicitado que se suspendan las acciones de interdicción contra los mineros informales “de manera inmediata” como muestra de “la buena fe” del Ejecutivo en su estrategia de diálogo.

No podemos dejar de mencionar, además, el cuestionable papel que ha venido desempeñando en este tema el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, que según fuentes de este Diario se ha convertido en portavoz de la minería informal en la “mesa técnica” promovida por el gobierno.

Quienes fueron excluidos del Reinfo, vale recordar, son personas que tuvieron tiempo de sobra para formalizarse (más de cuatro años, en la gran mayoría de casos), por lo que sería lógico pensar que ese objetivo nunca estuvo entre sus planes. Reponerlos en el registro sería un retroceso en la lucha por erradicar a los malos elementos de la minería y constituiría uno de los peores errores de esta administración, lo que es mucho decir.