La corrupción en vitrina

Es la noche del 9 de noviembre en Río de Janeiro. La reverenciada columnista de “O Globo” Dorrit Harrazim diserta sobre los retos de la prensa y la democracia en el palacio de estilo georgiano donde despacha el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes. Harrazim, de 79 años, cargada de premios, dice que los peligros que representó Jair Bolsonaro aún persisten, porque Lula le ganó las elecciones, mas no lo derrotó políticamente. En efecto, Bolsonaro vive. Sus conceptos seguirán circulando mediante redes de propaganda: el militarismo, el machismo, el maltrato ambiental, el racismo. Ese fue su pasivo en las elecciones. Tenía un activo −aunque no suele ser reconocido−: la economía brasileña está en recuperación. Pero su discurso caló en amplios sectores, expandiendo sin precedentes el voto conservador, liderado por la ultraderecha.

Añadió Harrazim:

−El mayor reto de la prensa democrática ahora es cómo cubrir a líderes con una bandera claramente extremista, o que evoca al fascismo, estén o no en el poder.

La diferencia de seis millones de votos con que perdió Bolsonaro en la primera vuelta se redujo a dos en la segunda. Especulaciones señalan como causa la inyección de subsidios para reducir el precio de la gasolina hasta la mitad, o la concesión de préstamos a sola firma para las familias más pobres. Puede ser, nadie lo sabe con certeza. Pero Bolsonaro pudo ganar. Uno de los factores que lo impidieron fue su propia palabrería autoritaria, que lo convirtió en enemigo de sí mismo. Por ejemplo, no pudo revertir la hostilidad del voto femenino. Al día siguiente de haber perdido en la primera vuelta, el portal de noticias Metrópoles le preguntó qué pensaba del acoso sexual cometido por Pedro Guimarães, uno de sus hombres más cercanos, a quien nombró presidente de Caixa Económica Federal, el mayor banco público de América Latina. El mismo medio había publicado testimonios irrefutables de que Guimarães acosaba a funcionarias durante viajes de trabajo libidinosamente planificados. Tuvo que renunciar.

−Las denuncias no me parecen consistentes− declaró Bolsonaro, desatando la protesta.

El auditorio al que se dirigía Harrazim estaba compuesto por más de un centenar de reporteros del continente que trajeron a Brasil sus trabajos para mostrarlos en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin 2022). Entre los asistentes estaba Rodrigo Rangel, uno de los autores del trabajo que obligó a dimitir a Guimaraes. El 11 de noviembre, un jurado de eminentes investigadores le otorgó el premio latinoamericano en la especialidad, considerándolo el mejor de los 283 reportajes que postularon, y confirmando la importancia de lo que descubrió. En este foro, años atrás, se presentaron las investigaciones confirmativas de la corrupción de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, que volvió al poder con Lula. Ahora hay historias de la etapa Bolsonaro. Por ejemplo, la de pastores evangélicos que se beneficiaron con dinero público, de Breno Pires y otros investigadores de “O Estado de Sao Paulo”, que obligó a la renuncia del ministro de Educación, Milton Ribeiro. O la de Juliana Dal Piva, autora del libro “El negocio de Jair”, sobre los desvíos de fondos públicos que están en el origen de la fortuna del clan presidencial.

Por mi función en el Instituto Prensa y Sociedad, del que soy director ejecutivo, llevo 20 años seleccionando investigaciones para estas conferencias, en las que los periodistas sacan los trapos sucios de sus países, contribuyendo a una especie de vitrina de la corrupción. Desfilan todo tipo de tropelías, comenzando por las de quienes gobiernan. Suelen ser electrizantes las del matrimonio Ortega-Murillo, que incluyen no solo violaciones de derechos humanos, sino fraudes en las zonas más lucrativas el sector público. Este año, Octavio Enríquez, de Confidencial, describió el imperio que llegó a construir la pareja de tiranos, con 22 empresas constructoras, de petróleo y de medios de comunicación. Obtuvo el tercer lugar del premio latinoamericano. El segundo fue para Juan José Martínez D’Aubuisson, de Insight Crime, autor de M13 and Co., con una exhaustiva indagación de las actividades de la Mara Salvatrucha en Honduras, Guatemala y El Salvador. Abarca desde sus comienzos como banda callejera hasta lo que actualmente es: una potencia empresarial con presencia en varios negocios legales e ilegales.

Hubo más de estos tres países, denominados el Triángulo del Norte. Carlos Martínez, de El Faro, reveló una investigación prohibida por el presidente Nayib Bukele. Un equipo periodístico del diario digital recuperó los expedientes que el Gobierno Salvadoreño quiso enterrar en el Ministerio Público, y que van desde acuerdos con la Mara Salvatrucha hasta grandes negociados. Marvin del Cid, de “Vox Populi”, de Guatemala, se ocupó de los departamentos donde viven los hijos del presidente Alejandro Giammattei, pagados por financistas de su campaña. Centroamérica, entonces, es tierra fértil para la investigación tanto por los desmanes del crimen organizado como por los de sus gobernantes. Pero al mismo tiempo ofrece peligro.

Más de cien periodistas nicaragüenses han tenido que salir al exilio. En la conferencia, un reportero describió un cartel de la construcción que el matrimonio Ortega cobija en la Municipalidad de Managua. Lo hizo con el rostro cubierto, sin identificarse, pues no desea convertirse en un perseguido más del régimen. En Guatemala, denunciar al derechista Giammattei, que influye en el sistema judicial, puede ser un camino seguro a la prisión, donde está el director de “El Periódico”, José Rubén Zamora. El salvadoreño Bukele es otro depredador. Veintidós miembros de la redacción de El Faro fueron intervenidos con Pegasus 226 veces, entre el 2020 y el 2021. Lo remarcable es que periodistas de estos países, a los que hay que añadir los de otras sociedades cerradas como Venezuela y Cuba, continúan investigando. Entre los finalistas del premio estuvo una ejemplar investigación realizada por Mario Luis Reyes, en “El Estornudo”, demostrativa de que el rapero gobiernista Fernando Bécquer abusó sexualmente de al menos 30 mujeres. Fue tan contundente que el propio sistema judicial cubano, controlado por el régimen, tuvo que abrirle proceso. A su vez, el venezolano Joseph Poliszuk, de ArmandoInfo, descubrió, mediante una búsqueda satelital y de campo, asentamientos de minería ilegal y despacho de droga en un corredor amazónico. Tanto Reyes como Poliszuk escriben ahora desde el exilio.

Volviendo a los presidentes, Raúl Olmos, del portal mexicano MCCI, demostró que José Ramón, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, vivió dos años en la mansión de una compañía que estaba realizando negocios con la estatal Pemex. Como Pedro Castillo no podía faltar en esta galería, hubo una mesa llamada “La corrupción insólita”, cuyo título sugiere que el Perú sigue siendo un país sorprendente en la materia. Carlos Castro, de América TV; Óscar Libón, de El Comercio; Marco Vásquez, de Panamericana; y Christopher Acosta, de Latina, expusieron sus distintos hallazgos. Experimentados investigadores de varios países se quedaron con la boca abierta por la epidemia de corrupción contagiada desde el Gobierno Peruano.

−Impresionantes investigaciones. Impresionante corrupción− dijo Andreza Matais, directora de “O Estado de Sao Paulo” en Brasilia, donde dirige el equipo brasileño que presentó más trabajos de Brasil en Colpin. Quiso saber si los descubrimientos iniciales habían sido entregados por la policía o el Ministerio Público. Los expositores le explicaron que todo comenzó con búsquedas propias, que luego alimentaron a la fiscalía. José María Irujo, el director de investigación de “El País” de España −quien contó cómo halló, en Brasil y México, a dos asesinos neofascistas− felicitó a los reporteros peruanos, y preguntó si acaso los implicados podrían tener cuentas en paraísos fiscales.

−Muy difícil− respondió Acosta. La corrupción de los gobernantes peruanos es principalmente en efectivo.