A doble cámara

Es entendible el rechazo que provoca la bicameralidad en nuestro país. Pero también es cierto que un diseño del Parlamento así es muy superior al que tenemos y padecemos. El dictamen de la Comisión de Constitución ha avanzado bien en la parte concerniente a la forma de elección de las cámaras, dejando muchas decisiones a las leyes correspondientes y en las funciones. Pero incluir a las autoridades de los organismos electorales entre las pasibles de ser acusadas constitucionalmente es un error y altamente peligroso. Es la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la que remueve a los jefes de la ONPE y el Reniec, y podría ser la encargada de hacer lo propio con los miembros del JNE. Pero que lo haga el Parlamento, en el que se encuentran los partidos en competencia, es un peligro mayúsculo. No cabe duda de que, luego de cada elección, estaríamos delante de un escenario donde veríamos sentados en el banquillo de los acusados a las autoridades electorales.

Pero en donde se encuentran los mayores problemas es en los artículos referidos al equilibrio de poderes en los que se inclina aun más la balanza a favor del Congreso. No se ha hecho un esfuerzo de diagnóstico de la realidad para hacer los ajustes necesarios. La realidad no existe. Es lo que han mostrado sobre todo estas tres últimas décadas.

Se mantiene el artículo de la vacancia presidencial por “permanente incapacidad moral” (artículo 113), que se ha desnaturalizado al extremo y donde solo vale conseguir los 87 votos, como ha ocurrido hasta ahora. Se debe eliminar ese artículo, pero ampliar el artículo 117, incorporando la figura del “juicio político” al presidente de la República para los casos de violación de derechos humanos, corrupción y otros delitos graves, en un procedimiento garantista que hoy no existe.

La desnaturalizada vacancia presidencial lleva a crear incentivos perversos. Desde el 2016 –y va a seguir para los próximos–, se trata también de deshacerse de los vicepresidentes y que, por sucesión, el presidente del Congreso pase a ser presidente de la República. Quien gana una elección es un partido y este debe gobernar durante el mandato y no pasar a otro, como ocurre ahora. Esto se puede solucionar si los miembros de las fórmulas presidenciales son las cabezas de las listas al Senado. Ello permitiría que los líderes políticos se encuentren en la cámara alta, dando cohesión a sus bancadas, y se mantendría una real sucesión si, como en Estados Unidos y otros países, el vicepresidente del partido ganador encabeza el Congreso. Se cortaría el incentivo perverso que existe hoy.

El Congreso debe disolverse como ahora, pero eliminando la solicitud obligatoria del voto de confianza al inicio de cada Gabinete Ministerial. De la misma manera, si el último año de mandato no se puede disolver el Congreso, este tampoco podría censurar un Gabinete Ministerial. Hoy, en el último año, el Ejecutivo está desamparado.

Finalmente, cada vez estoy más convencido de la necesaria renovación parcial. Esto, con el propósito de limitar los excesos del poder a favor del presidente (1980-1985, 1985-1990 y 1992-2000) o del Congreso (2016-2021). La elección a mitad del mandato de la mitad de la Cámara de Senadores y de Diputados incentivará un mejor desempeño gubernamental y opositor por ganar o no perder escaños en el Congreso, sobre todo en un país con cambios tan pronunciados en la opinión pública.

No hay un diseño perfecto ni congresistas que saldrán de saludables tierras fértiles de nuestro páramo político. Un Parlamento bicameral siempre traerá oportunidades para mejorar, pero el unicameralismo ha demostrado que no traerá ninguna.