Lo que hace el gobierno de Dina Boluarte al priorizar en su agenda la pena de muerte es una bajeza épica, aunque recurrente entre políticos de vileza manifiesta.
Es una bajeza porque utiliza la muerte de una menor en circunstancias terribles, documentadas y confesas (elementos sensibilizadores y movilizadores) para intentar salvarse del ahogo de su 3% de aprobación. También lo es porque pasa por alto una realidad alarmante: la brutal violencia que sufren niñas, adolescentes y mujeres. Un vistazo a las estadísticas invalida el argumento de que esta lucha pertenece solo a grupos activistas, cuando debería ser de todos.
La violencia atraviesa múltiples capas: tiene raíces culturales y se vincula con una educación deficiente, la vulnerabilidad de las familias, la inoperancia del Estado y la precariedad de instituciones clave. A esto se suma una policía mediocre, una justicia anquilosada y un sistema penitenciario rebasado por las mismas huestes criminales.
No venga, pues, presidenta Dina Boluarte, como iluminada por la virgen y otros santos, a decir que la pena de muerte se debe evaluar para obtener el aplauso de algunas pocas focas desorientadas.
Estamos perdiendo el tiempo en discusiones retrógradas mientras otro violador abusa de otra niña con el auspicio de los ministerios a los que se les podría exigir un poco más de materia gris, como el de Justica, donde se encuentra el incondicional Eduardo Arana. El ministro lidera el juego del entretiempo para hacer más largo el partido. ¿Y qué más se puede decir del ministro de Educación? Ya se ha gastado mucha tinta y saliva en un personaje irrelevante si no fuera por su incontinencia verbal. Estos sectores, en lugar de liderar, solo evidencian incompetencia y ausencia de propuestas concretas.
Por otro lado, resulta inaceptable que la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, utilice el género como excusa para victimizar a Boluarte y justificar las denuncias en su contra, bajo la premisa de un falso feminismo. Ser mujer no exime a nadie de rendir cuentas, y acusar de “sexistas” las críticas desvía la atención de las demandas urgentes del país.
La administración de Dina Boluarte no tiene la capacidad ni la voluntad para enfrentar las crisis estructurales del Perú. Utilizar tragedias humanas como distracción política es un acto de irresponsabilidad y desesperación. El país no necesita anuncios oportunistas ni debates improductivos; lo que exige son políticas públicas integrales y efectivas para erradicar la violencia y la inseguridad.
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