Uno de los dramas de nuestra precariedad política (Gobierno y Congreso atrincherados, aislados y con una bajísima legitimidad en pos de la sobrevivencia) es la incapacidad para afrontar con mínima solvencia la criminalidad desbordada y el neoterrorismo de la minería ilegal.
Los asesinatos diarios por extorsiones se multiplican y los ataques con armas de largo alcance y explosivos a instalaciones, como las de la empresa minera Poderosa en Pataz, no se detienen.
Una empresa petrolera del norte reporta saqueos y ataques constantes provenientes de bandas organizadas, no de delincuentes comunes.
El Comercio, días atrás, informaba que espacios de participación ciudadana, como algunas asambleas instaladas para las consultas previas y otras similares (antes aprovechadas por población azuzada por partidos y ONG de izquierda para poner en jaque a empresas formales), hoy están siendo cada vez más cooptados por delincuentes mineros ilegales para controlar el territorio que legalmente les corresponde a las compañías que cumplen con la normativa de su sector.
Las declaraciones de emergencia son un chiste. Y el sector empresarial se ha cansado de levantar la voz por esta ola de criminalidad, cada vez más parecida y proyectada al terrorismo de los años 80.
¿Qué puede ser peor que un gobierno débil y aislado, y un Congreso cómplice indirecto de los criminales? Pues, esos mismos, pero además incapaces de identificar el tamaño de las dos amenazas que tenemos al frente. Y, peor aún, inconscientes respecto del hecho de que cada día que pasa sin que el Estado (súmese un Poder Judicial y una fiscalía en crisis y corrompidas, una PNP intervenida políticamente, un INPE sin recursos, etc.) defina una política de corto y mediano plazo realista y eficaz para hacerles frente, a base de un diagnóstico certero y con las herramientas suficientes, hará que la solución sea tardía, más compleja y cara.
De niño aprendí a pedir ayuda cuando no podía resolver un problema solo. Y luego a rodearme de personas más experimentadas y con mayor conocimiento para que me orientasen a encontrar las mejores salidas. Lo sé: sugerir esto a quienes hoy tienen las riendas del Estado es una ingenuidad total. Algunos estadistas sí lo hacen; los políticos por accidente, jamás.
Pero intentémoslo. Ojo, se trata de la ciudadanía exigiéndole al Estado (no solo al Gobierno ni al Congreso, casos perdidos) que cumpla un rol fundamental: no dejarnos en la indefensión. Y si sus responsables no tienen la capacidad, que busquen la mejor ayuda posible. Así de simple.