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Chávarry sacó chaveta, por Fernando Vivas

“¿Una amnistía político judicial para todos? ¡Ni locos!”.

Fernando Vivas Periodista

Odebrecht

“Tenemos que preservar la autonomía de la acción justiciera contra presuntos delitos en uno y otro lado del espectro”. (Ilustración: Giovanni Tazza).

Ilustración: Giovanni Tazza.

Llevo algunas temporadas reporteando a políticos en trance, y les puedo contar cómo es la nuez de la política judicializada: un país de mucho delito y mucho abogado, con mucha trampa jurídica y tramitológica, es terreno propicio para que sus líderes desciendan del debate doctrinario y la acción política directa a la baja policía.

O sea, antes de competir en las urnas, el líder ve de qué se agarra para inhabilitar al rival. Si no lo inhabilita, todavía queda el chance de excluirlo. Así pasó, con presiones y quizá corrupción que ya el tiempo develará, con la exclusión de César Acuña y de Julio Guzmán en el 2016. No fue el pueblo, fue el JNE, hecho a semejanza del CNM, el que decidió por nosotros. Cualquiera le ganaba a Keiko en segunda vuelta, así que podemos decir que PPK fue producto de la leguleyada y la tramitología disfrazadas de política.

Y en ese gobierno, la judicialización de la política llegó a su fase superior cuando explotó Lava Jato. Si ya el humalismo, y antes Toledo, encontraron armas poderosas para enfrentar a FP y al Apra, agitando antiguos casos de corrupción e investigando nuevos, el Lava Jato empapeló a todos. Cayó Toledo, cayeron los Humala, la Villarán, finalmente PPK. Keiko y Alan sumaron nuevos frentes judiciales a los ya abiertos. El tamaño de los rabos de paja terminó siendo el argumento esencial en la lucha política.

Una nueva leyenda urbana, con fundamento real, había reemplazado a otra: ya no eran los apristas quienes dominaban el PJ y el Ministerio Público, sino los caviares. Pablo Sánchez sería la encarnación de ello y por eso agarró a los fujimoristas de punto; ahora, con Pedro Chávarry, los fujimoristas empezarían a dar el vuelto.

Y así entramos a la fase última de una judicialización de la política que es la politización de la justicia hasta el borde de la vacancia o el adelanto de elecciones. Una bronca descomunal con expedientes lapidarios de por medio que amenazan hasta al presidente. Porque a eso apunta la investigación a Alfredo Thorne por el caso Chinchero, ¿no?

¿Qué hacer? ¿Una amnistía judicial y política para todos? ¡Ni locos! Tenemos que preservar la autonomía de la acción justiciera contra presuntos delitos en uno y otro lado del espectro (desde PPK y sus ex ministros Thorne o Giuffra, hasta las varias investigaciones contra Keiko y su gente, incluyendo la que le pueda tocar al propio Vizcarra). El plazo y énfasis de las diligencias no puede pender de una fiscalía en trompo que se abate sobre los políticos y descuida a mafias y grupos económicos. Antes que pedirle a Chávarry su propia cabeza, le pido otra cosa: que promueva un concurso extraordinario para que fiscales superiores se conviertan en supremos. Que se vaya con dignidad.

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