¿Y la Comisión de Inteligencia?

Una de las deudas pendientes que tiene el Congreso de la República, hoy con el general EP (r) José Williams como su nuevo presidente, es la de informar, a través de la Comisión de Inteligencia, sobre qué acciones de fiscalización han realizado contra los miembros del Sistema de Inteligencia Nacional, en especial la DINI y la Digimin, en lo que va del gobierno de Pedro Castillo, y cómo la ciudadanía puede estar tranquila de que se están utilizando apropiadamente los recursos especiales (vastos, pero bastante opacos) que tienen estas direcciones, lejos de fines políticos.

Ha pasado más de un año y una de las pocas instituciones que tiene la competencia para fiscalizar a ese sector (la otra es la contraloría) guarda un inquietante silencio hasta el momento.

Es cierto que los miembros permanentes de la Comisión de Inteligencia tienen la obligación de guardar secreto sobre la información clasificada a la que acceden y que sus sesiones son secretas si es que así lo consideran, pero ello no justifica el rotundo silencio por el que han optado. Más aún, frente a las reiteradas denuncias públicas respecto de que se estaría mal utilizando al personal y a los recursos de ese sector en salvaguarda de los intereses de Palacio. El más reciente: el repentino y burdo retiro del coronel PNP Harvey Colchado de la División de Búsqueda de la Digimin y dejarlo, de esa manera, sin personal ni recursos para las investigaciones que tiene en apoyo a la fiscalía contra el Gobierno. Se trata, tal vez, de la más descarada acción de obstrucción a la justicia de Castillo.

Semanas atrás, le pregunté al congresista José Cueto, presidente de la Comisión de Inteligencia, sobre qué acciones de fiscalización vienen realizando en líneas generales a la DINI y la Digimin. Se excusó de responder por razones de confidencialidad, pero aseguró, sin dar detalles, que durante todo el año han ejercido control parlamentario. Sin embargo, si lo contrastamos con la realidad, es poco o nada lo que ha cambiado en la manera cómo el Ejecutivo viene minando el Sistema de Inteligencia. Basta con ver, por ejemplo, los constantes cambios hechos en Digimin solo para tener una referencia de la magnitud: en los últimos trece meses, esta ha tenido la inédita cifra de nueve jefes.

Es necesario que los organismos competentes de fiscalizar a la DINI y a la Digimin den luces y respondan, dentro de lo que se puede contar, sobre lo que vienen realizando para fiscalizar al Gobierno en lo que respecta al sector Inteligencia. La opacidad es el terreno perfecto para quienes se atreven a cruzar la línea. Más todavía si estamos ante un Gobierno cada vez más acorralado por investigaciones de corrupción. El Congreso, y sobre todo la Comisión de Inteligencia, tiene una deuda pendiente no solo de informar, sino de ponerle freno a esto.