No solo Shakira, Lionel Messi o los políticos y millonarios evaden impuestos. Según la OCDE, el Perú, con un 17,9%, es uno de los países con menores ingresos tributarios de la región latinoamericana (2023) y, en este, la elusión y evasión tributaria representan aproximadamente el 8% del PBI (“El Peruano”, 2021). Sin importar género, edad, estatus socioeconómico u oficio, en nuestro país prima la transgresión a la cultura tributaria.
Para Edna Bonilla, la cultura tributaria es un conjunto de rasgos característicos de un grupo social en donde la normatividad es asimilada por los contribuyentes al aceptar por sí mismos y por la sociedad el pago de los tributos, más allá de si existe una sanción. Así, la cultura tributaria rechaza la evasión, pues los individuos procuran alejarse lo máximo posible de la frontera con lo ilegal.
No obstante, y pese a lo que podría creerse, la evasión tributaria no es una patología moderna de la cultura tributaria, sino que ha estado presente en el antiguo Egipto, en la democrática Grecia y en la Roma de los grandes emperadores (Héctor Villegas, 2021, p. 44). Parece ser que en toda sociedad han coexistido contribuyentes responsables, resignados, eludidores (también llamados “evasores inteligentes”) y evasores (José Carlos Rodríguez, 2011, p. 21).
Pero ¿por qué el peruano tiende a evadir? Existen dos motivos principales: la desconfianza en las autoridades y la cantidad monetaria que implica el pago de tributos en una economía emergente. La población no considera que el dinero aportado vaya a ser utilizado para fines relevantes para el país tales como la construcción de obras públicas o, inclusive, la prevención de eventos climáticos recurrentes como el fenómeno de El Niño. El segundo motivo se vincula a las altas tasas de informalidad y es que a miles de peruanos les resulta más barato “recursearse” clandestinamente antes que formalizar sus negocios, pues esto les haría desembolsar gran parte de lo ganado.
Así las cosas, existen dos trincheras de ataque: la del Estado y la de los técnicos. Por un lado, el Estado debe fomentar políticas que formen a las nuevas generaciones en cultura tributaria y educación financiera tales como la Ley 31900, que promueve la incorporación de cursos de dicha índole en la malla curricular escolar. Por otro lado, los abogados, quienes pueden diferenciar con mayor claridad los bandos de lo legal e ilegal, deben aconsejar a sus patrocinados de manera que su actuar no implique un menoscabo al fisco. De lo contrario, nos encontraremos siempre colindantes con la frontera y presos de la cultura de evasión.