:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/c344f3d7-3a48-475f-9b05-fd78b42c9715.png "Jerry Mao Rivera Villalta")
El Perú se encuentra inmerso en una grave crisis de representatividad y una creciente deslegitimación de su democracia. Los ciudadanos desconfían de los gobernantes y poco o nada les creen. Esta situación se intensifica ante la ola de crímenes y la percepción de que el Estado es incapaz de hacerles frente a las bandas criminales. La presidenta y el Congreso apenas alcanzan un 5% de aprobación. Mientras tanto, según una encuesta del INEI (2024), instituciones claves en materia de justicia, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, cuentan con niveles de confianza de solo el 13,5% y el 12,3%, respectivamente.
La última encuesta de Ipsos-”Perú 21″ sobre la intención de voto presidencial es un reflejo claro de esta crisis, pues el primer lugar lo ocupa el voto blanco/viciado/ninguno, con un 30%. Es decir, aproximadamente un tercio de la población peruana rechaza a todos los candidatos. Es evidente que el futuro presidente solo representará a un sector muy reducido de la sociedad. Si en las elecciones presidenciales del 2021 los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta sumaron apenas un 32% entre ambos, esta vez la división puede ser más aguda.
La situación es aún más preocupante cuando se observa que en los tres primeros lugares de la encuesta figuran Keiko Fujimori, investigada por lavado de activos y por encabezar una organización criminal en el interior de su partido; Antauro Humala, un exconvicto con ideas antidemocráticas; y Carlos Álvarez, un ‘outsider’ sin experiencia política.
El país se encuentra en un contexto en el que no solo debe concentrarse en el candidato presidencial, sino también prestar la misma atención a los aspirantes a la vicepresidencia, ya que, dada la volatilidad política de los últimos años, es muy probable que estos asuman la presidencia en algún momento. Además, es fundamental la vigilancia en cada etapa del proceso electoral, dado los intentos cada vez más intensos del Congreso por captar también las instituciones electorales, que representan lo poco que queda de la democracia peruana.
