La Contraloría General determinó responsabilidad administrativa y penal en cuatro funcionarios de la I Macro Región Policial Piura, debido a que el requerimiento, contratación y ejecución del servicio de un especialista de gestión pública para el área de Secretaría Ejecutiva de esta entidad se realizó al margen de las normas y se favoreció a una proveedora al adjudicársele una orden de servicio por S/ 32 000, generando un perjuicio económico a la entidad.
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De acuerdo con el Informe de Control Específico N° 8792-2022-CG/GRPI-SCE, la entidad requirió, contrató y dio conformidad al servicio sin cumplir con lo establecido en la directiva sobre disposiciones y procedimientos para la contratación de bienes y servicios iguales e inferiores a ocho unidades impositivas tributarias y los términos de referencia. El periodo evaluado del servicio comprende del 25 de marzo al 3 de mayo de este año.
En la fase del requerimiento, la comisión de control evidenció que la Secretaría Ejecutiva (área usuaria) no elaboró el informe que sustente la necesidad del servicio de contratación de la referida especialista. Además, fijó en los términos de referencia una forma de pago y requisitos de formación profesional inconsistente con lo establecido en la norma interna de la entidad. Tampoco incluyó el detalle del producto a obtener.
Pese a ello, el órgano encargado de las contrataciones o Departamento de Logística de la Unidad Ejecutora: 003 de la propia institución aprobó los términos y no efectuó observaciones a los mismos.
Asimismo, en la fase de indagación o estudio de mercado y selección del proveedor, la sección de Programación y Adquisiciones de la entidad realizó esta evaluación, tomando en cuenta cotizaciones u ofertas económicas de proveedores que no cumplían con el perfil académico exigido.
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También consideró un valor estimado de S/ 32 000, a pesar de que la oferta económica de la proveedora seleccionada era de S/ 8,000 por todo el servicio (cuatro meses). Tampoco observó que no acredite la experiencia profesional. La comisión concluyó que hubo un perjuicio económico de S/ 16,000.
Finalmente, en la fase de ejecución contractual, el área usuaria dio conformidad a la prestación del servicio presentado por la proveedora en su primer entregable sin el debido sustento.
El equipo de auditores identificó responsabilidad penal de cuatro funcionarios de las áreas de Administración, Operador Logístico, Secretaría Ejecutiva, Programación y Adquisiciones. También determinó responsabilidad administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría contra estas personas. En otros dos funcionarios se halló responsabilidad administrativa de entidad.
El informe está publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria y fue notificado al titular de la entidad para el deslinde de la responsabilidad administrativa de los funcionarios señalados.
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Asimismo, se recomendó al Órgano Instructor para las acciones correspondientes y al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales contra los involucrados.
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