El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la exclusión de la candidata Mariella Gianina Lazarte Neyra (42), quien postulaba al Congreso por Piura con el partido Avanza País. Ella es esposa del exfuncionario del Gobierno Regional de Piura y docente Ronny Pasapera Quezada, quien en el 2004 embarazó a su alumna de un colegio de la región.
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El máximo ente electoral tomó dicha decisión, mediante la resolución 320-2019, y confirmó la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura, que declaró inadmisible la inscripción de Lazarte Neyra debido a que no declaró como parte de sus bienes muebles una motocicleta de placa 4342MM, del 2018.
En sus descargos ante el ente electoral, Mariella Lazarte dijo que desconocía que el bien estaba inscrito a su nombre, pues fue adquirido por su cónyuge, Ronny Pasapera Quezada, por un valor superior a los S/6 mil.
Los fiscalizadores del JEE de Piura advirtieron esa omisión en registros públicos e iniciaron el proceso de exclusión de la candidata de Avanza País, quien postulaba con el número 7. Lazarte Neyra declaró en su hoja de vida que no cuenta con estudios universitarios, pero trabaja como docente/locadora de servicios en el Gobierno Regional de Piura. Asimismo, precisó tener ingresos de S/30 mil anuales, así como bienes muebles por un valor de S/2.400.
-Los que siguen en carrera-
En la región Piura, la tercera en población electoral del país (1,3 millones de electores), se han inscrito oficialmente 20 listas para las elecciones congresales del 26 de enero del 2020. Esta región aporta siete legisladores. Solo el partido Todos por el Perú, que presentó dos listas, no fue admitida por el JEE de Piura.
Entre los candidatos con mayores posibilidades de ocupar una de las 7 curules en el próximo Congreso destacan el exgobernador Javier Atkins Lerggios (2011-2014), quien fue sentenciado, en primera instancia, en agosto de este año por corrupción, por el delito de negociación incompatible en agravio del estado, al haber favorecido a su sobrino político, Víctor Manuel Zapata Figallo, dueño de una empresa de seguridad, para que obtenga un servicio (sin concurso público) en el hospital de Sullana.
Atkins también es investigado por ampliaciones de plazo injustificadas a favor de la empresa brasileña Camargo Correa, contratista del primer componente del proyecto hidroenergético Alto Piura. La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios y ya ha sido formalizada como parte de la investigación Lava Jato en Piura.
Otro de los candidatos por Piura que postula al Congreso es el exparlamentario fujimorista Mártires Lizana Santos, quien estuvo en el último parlamento disuelto. Lizana se hizo conocido por votar a favor de no investigar al exmagistrado César Hinostroza por organización criminal, sindicado como líder de Los cuellos Blancos del Puerto. Además, ayudó junto a su bancada a blindar al exfiscal de la Nación Gonzalo Chávarry, investigado por el mismo caso.
En Piura, Lizana ha sido declarado persona no grata por los ronderos de Huarmaca (Huancabamba), de donde él es oriundo. Desde marzo de este año, la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios lo investiga por el delito de colusión agravada por presuntamente concertar con otras siete personas la compra de un terreno para un proyecto municipal. Este caso tiene su origen en el 2013, cuando Lizana era alcalde de Huarmaca y dispuso la compra de un terreno que era propiedad de la comunidad campesina Cabeza de Succhirca.
Adela Córdova Alcarazo, exmilitante aprista, es otra de las cuestionadas candidatas por Piura en este proceso electoral. Ha sido varias veces candidata al Congreso por el partido de la estrella y mantuvo una relación muy cercana con el expresidente Alan García. Fue destituida del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) por malos manejos en la compra de productos para los beneficiarios. Se le acusó de cambiar los productos alimenticios distribuidos en la sierra de Piura para obtener ganancias ilícitas. Córdova postula ahora por APP.
Wilmar Elera García, quien postula por Somos Perú, es otro de los candidatos que busca un escaño en el Parlamento. Es investigado por presuntas irregularidades en una obra de agua y alcantarillado, valorizada en S/18 millones, en el distrito piurano de La Unión. En el 2015, la Contraloría lo inhabilitó por cuatro años para ejercer cargos públicos, pero en diciembre de 2017 el órgano de control concluyó el proceso por caducidad, es decir, porque el delito (referido a irregularidades en una obra de agua y alcantarillado en Tambogrande) había prescrito.
Elera señaló que sus propuestas incluyen quitar la inmunidad parlamentaria, revisar los sueldos de los congresistas y fiscalizar las obras de reconstrucción y el paralizado proyecto Alto Piura. “Además, formaremos una mesa técnica de apoyo para los gobiernos locales de Piura. Una mesa con profesionales de las universidades y del Colegio de Ingenieros”, precisó a este Diario.
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